Varios alcaldes participaron el miércoles de una Comisión Total Especial del Senado, en el que reclamaron acción legislativa para atender la fragilidad económica de los municipios, mejoras a las deterioradas carreteras estatales e impulso a proyectos estratégicos en el distrito de Guayama.
Durante la sesión celebrada en el Centro de Bellas Artes Adrián Rosado Guzmán de Villalba, el alcalde de ese municipio Dan Santiago destacó la crisis presupuestaria que enfrentan muchos ayuntamientos, incluyendo el suyo. El primer mandatario municipal ha declarado un Estado de Emergencia Fiscal mediante una ordenanza municipal, con el cual creó un comité financiero para identificar áreas de reestructuración de deuda.
“Entre las deudas más notables resaltan sobre $2.5 millones adeudados a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, que actualizada al presente asciende a $3.4 millones. Más de un millón de dólares al CRIM, $900 mil al Plan Médico de Empleados, $600 mil a la Administración de Servicios Generales por conceptos de gasolina, y otros conceptos como pensiones, bonos, reclamaciones judiciales, y otras cuentas por pagar”, afirmó.
Por su parte, el alcalde de Cidra, Delvis Pagán Clavijo, apuntó al deterioro de las carreteras estatales y la insuficiencia económica en muchos municipios pequeños para costear los gastos operacionales.
“El Municipio de Cidra, al igual que otros municipios, enfrenta grandes desafíos debido a las cargas económicas impuestas por la Ley 27-1993 y el modelo «Pay as you Go». Necesitamos una reforma fiscal que permita aliviar nuestra carga y garantice una mayor capacidad de inversión en proyectos esenciales para el bienestar de nuestros ciudadanos”, expresó Pagán Clavijo.
Según su ponencia, el presupuesto del municipio para el año fiscal 2024-2025 asciende a aproximadamente $15,164,588; del cual, un $10,968,903 se destina exclusivamente a la nómina. Por otro lado, destacó que la deuda pública para el año fiscal alcanza los $1,501,428.
El alcalde de Guayama, O’Brian Vázquez hizo eco de las palabras del alcalde de Cidra y consideró urgente la reparación de las carreteras estatales en su municipio. “El deterioro significativo de estas vías afecta no solo la movilidad ciudadana, sino también la economía local y el acceso a servicios esenciales. De igual manera, la canalización del Río Guamaní se presenta como una necesidad imperativa para la seguridad de la población, evitando las recurrentes inundaciones que causan pérdidas materiales y humanas”, explicó.
Vázquez destacó la adquisición del antiguo Hospital Santa Rosa para la creación de un Centro Integrado de Salud y Seguridad. Esta iniciativa buscaría optimizar la prestación de servicios, mejorando la coordinación entre las dependencias municipales de salud y seguridad. Asimismo, enfatizó la importancia de la construcción de un Centro Deportivo para Deportes de Combate, para impulsar el desarrollo deportivo.
Por su parte, el alcalde de Orocovis, Jesús Colón Berlingieri dijo: “Al igual que todos los municipios de la zona central, el mantenimiento óptimo de nuestras principales vías es primordial para la seguridad y el desarrollo económico de nuestro pueblo. La carretera PR-155 representa el acceso principal a nuestro municipio, siendo utilizado no solo por nuestros residentes, sino por una gran cantidad de turismo interno y externo que nos visita gracias a nuestra gran diversidad gastronómica y al Parque Recreativo Toro Verde”, sentenció el alcalde de Orocovis.
Entre sus propuestas, solicitó una investigación para la expansión de la carretera PR-155 desde su comienzo en la intersección con la PR-137 en Morovis hasta la jurisdicción de Orocovis y que se le solicite al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) que establezca mayores medidas para la seguridad. Igualmente, hizo la petición para conocer el estado de mejoras en carreteras estatales de su municipio que sufrieron daños por eventos atmosféricos.
Asimismo, Colón Berlingeri consideró importante realizar mejorar en el Área Recreativa del Bosque Toro Negro, que sufrieron daños por huracanes y no han recibido el apoyo de FEMA por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.
Por otro lado, el alcalde de Santa Isabel, Meldwin Rivera Rodríguez, propuso un aumento en la aportación mediante la Ley 53-2021 para mitigar el impacto del fondo de equiparación de más de $1.2 millones de dólares; que se considere el aumento en los fondos a la Ley de Servicios Esenciales; y una revisión de decretos contributivos.
De igual forma, exhortó a tomar acción para resolver el problema de seguridad que implican los animales realengos (caballos y perros), pues explicó que semanalmente ocurren accidentes con equinos en la PR-52 en ambas direcciones, de Santa Isabel a Salinas por la altura de las salidas 76 y 77.
En lo respectivo a Arroyo, su alcalde Eric Bachier pidió al gobierno central ayuda y asistencia en el dragado de la Bahía de Arroyo pues, a raíz de situaciones climáticas ha sufrido la abundancia de arena y la imposibilidad de navegar embarcaciones.
“Las mejoras a la Bahía del Malecón de Arroyo son necesarios ya que, como parte de la erosión costera o los cambios climáticos ha sufrido, de cierta manera, la abundancia de arena en nuestra bahía y ya prácticamente lo que era un área de uso para el disfrute de lanchas, embarcaciones y pescadores, prácticamente está inoperante”, explicó el alcalde de Arroyo.
De igual forma, solicitó al Alto Cuerpo un proyecto que permita la reactivación del Comité Pro-Desarrollo del Tren del Sur, para conectar su pueblo hasta Ponce. También, comentó que es necesario la adquisición de hospital en desuso para la población envejeciente.
El alcalde de Aibonito, William Alicea expresó que, su principal interés es que se promueva la instalación de líneas de telecomunicaciones de manera soterrada, de modo que se afecte mínimamente las servidumbres municipales.
“La instalación de postes de madera, que tienen una vida útil menor, en algunas ocasiones se han caído o desprendido, ocasionando accidentes que pueden poner en riesgo la vida y/o seguridad de nuestros habitantes. En virtud de lo anterior, nos permitimos sugerir que previo a la autorización para la instalación de postes en las servidumbres municipales, la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones requiera a las empresas de telecomunicaciones un estudio de viabilidad para determinar la deseabilidad de que las líneas a ser instaladas se efectúen de manera soterrada”, agregó Alicea.
Ramón Hernández, alcalde de Juana Díaz, solicitó la creación de una Comisión Investigativa que lleva a cabo una auditoría sobre los decretos contributivos aprobados por el Departamento de Desarrollo Económico.
“Esta auditoría debe verificar el cumplimiento estricto de los compromisos contractuales asumidos por estas empresas beneficiadas. De encontrarse en incumplimiento, se debe exigir el resarcimiento correspondiente, incluyendo a los municipios que han dejado de percibir. Esta solicitud responde a un reclamo reiterado de los municipios, que vemos afectados nuestros ingresos sin contar con un proceso de evaluación justo y transparente en la aprobación de estos incentivos”, sentenció.
Finalmente, el alcalde de Cayey, Rolando Ortiz consideró oportuno regresar a las mesas de trabajo entre los alcaldes y legisladores para crear proyectos y legislación de impacto positivo a los ciudadanos.
Entre los deponentes, también expusieron sus preocupaciones el alcalde de Comerío, Irvin Rivera; el alcalde de Barranquitas, Elliot Colón; y el alcalde de Coamo Juan Carlos García. Por su parte, la alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla, no estuvo presente, sin embargo, envió un memorial para la consideración del Alto Cuerpo.
