La nueva política del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que exige la aprobación personal de su secretaria Kristi Noem para toda compra, contrato o subvención de FEMA que exceda los $100 mil, podría frenar la reconstrucción y afectar la estabilidad fiscal de los municipios.
Así lo advirtió el presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, Jorge González Otero.
“Esta política representa un impacto fuerte en Puerto Rico conociendo la realidad diaria de nuestras comunidades. Lejos de ser un mero trámite administrativo, podría paralizar proyectos esenciales, retrasar pagos a contratistas y poner en riesgo la reconstrucción que con tanto esfuerzo hemos encaminado tras el paso de los huracanes Irma y María”, expresó González Otero.
Según la Asociación de Alcaldes, el retraso en el flujo de fondos federales podría provocar la pérdida de fondos previamente aprobados por incumplimiento de plazos, atrasos en pagos de fases de construcción que encarezcan las obras y un impacto negativo sobre la economía local por la reducción de empleos, actividad de contratistas y recaudos municipales por arbitrios de construcción.
González Otero señaló que “cada día de retraso en un desembolso puede significar una escuela que no se repara a tiempo o una familia que sigue esperando por un techo seguro. Puerto Rico no puede darse el lujo de que decisiones burocráticas en Washington frenen su progreso”.
La organización municipalista respaldó el reclamo del comisionado residente, Pablo José Hernández, y de congresistas que piden a FEMA y al Departamento de Seguridad Nacional reconsiderar la directriz. Solicitan que se suspenda la política y se establezca un proceso ágil, transparente y con comunicación directa a los gobiernos locales, “que son quienes enfrentan la primera línea de respuesta ante emergencias”.
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