Seis organizaciones presentaron hoy un recurso de apelación para que se prohíba el establecimiento de proyectos industriales de energía renovable en reservas agrícolas y áreas ecológicamente sensitivas de Puerto Rico.
Esto, luego de que el Tribunal de Primera Instancia desestimara su recurso de mandamus con el argumento de que el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) tiene la jurisdicción exclusiva para identificar si los proyectos industriales de energía renovable deben establecerse en la Reserva Especial Agrícola de Puerto Rico.
La demanda fue incoada por la Liga de Ciudades de Puerto Rico, la Organización Boricuá de Agricultura Eco Orgánica, el Frente Unido Pro-Defensa del Valle de Lajas, El Puente de Williamsburg, el Comité Diálogo Ambiental y Sierra Club Puerto Rico. Mientras, Earthjustice les brinda el apoyo legal.
Los demandados son el NEPR, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la Oficina de Gerencia y Permisos (OGPe), la Junta de Planificación (JP) y el Estado Libre Asociado.
“El Negociado ha insistido y ha determinado consistentemente que no tiene jurisdicción ni peritaje sobre la materia, es decir, que no tiene peritaje ni jurisdicción para aplicar la política de uso de suelos, el ambiente, ni la agricultura al integrar la energía renovable. La sentencia es irrazonable porque desestimó el mandamus sin mencionar ni discutir la postura del Negociado, ni sus resoluciones anteriores declarándose sin jurisdicción ni peritaje sobre la materia”, plantearon los demandantes ante el Tribunal de Apelaciones.
Las organizaciones aseguran que no se está cumpliendo con el Plan de Uso de Terrenos (PUT).
“La sentencia constituye un fracaso de la justicia. Tiene el efecto de dejar a las aquí comparecientes (partes demandantes) sin un foro, impedir una adjudicación en los méritos, y también, permitir la violación continua con el Plan de Uso de Terrenos y la pérdida de miles de tierras agrícolas catalogadas por ley como ‘imprescindibles’”, señalaron.
Los demandantes indicaron que el NEPR tiene ante su consideración los siguientes cinco tramos requeridos por el Plan Integrado de Recursos y, con ello, probablemente más de 80 proyectos industriales de energía renovable.
Resaltaron, además, que la Política Pública Energética establece que los lugares aptos para ubicar estos proyectos son los sistemas de relleno sanitario (vertederos) no operacionales y aquellos terrenos previamente contaminados.
“El incumplimiento reiterado con el deber ministerial, el PUT, y la consecuente pérdida de miles de cuerdas de tierras agrícolas destinadas a su preservación y conservación y que son ‘imprescindibles en una isla como la nuestra que depende casi exclusivamente de la importación de productos para podernos alimentar’, constituye una violación de derechos constitucionales”, reza la apelación.
