El gobierno de Puerto Rico tiene que adoptar una política pública sobre el tema de inmigración, como consecuencia de las intervenciones de las autoridades federales con inmigrantes, producto de las órdenes ejecutivas del presidente de Estados Unidos, Donald John Trump.
Así lo reclamó el miércoles la directora ejecutiva de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), Annete Martínez Orabona.
“Y esta política tiene que incluir, número uno, el reconocimiento de los derechos fundamentales de todas las personas migrantes. Número dos, la garantía de los servicios públicos del estado que no deben denegarse a ninguna persona sin importar su estatus migratorio. Y esto incluye servicios médicos, hospitalarios, educativos y cualquier otro que provee el estado”, detalló.
“Ningún funcionario debe solicitar información sobre el estatus migratorio de las personas que van a acudir al estado a recibir servicios. Le exigimos al estado también que reconozca y proteja los espacios seguros o lugares santuarios donde las autoridades de seguridad pública estatal, municipal y federal no deben entrar, no deben intervenir”, dijo Martínez en conferencia de prensa junto a portavoces de organizaciones comunitarias y de derechos humanos.
Martínez Orabona mencionó que trabajarán con un borrador de Proyecto de Ley, para presentarlo ante la Asamblea Legislativa.
La directora ejecutiva de la ACLU sostuvo que, además de la ayuda legal que van a proveer a los inmigrantes, van a procurar la educación de los menores.
“Sí, tenemos distintas iniciativas. Una de las áreas en las que nos estamos preparando es precisamente la protección de las escuelas. También talleres para las familias que forman parte de la comunidad escolar, y también estamos desarrollando junto con organizaciones comunitarias que ya acompañan y que están dentro de la comunidad para crear grupos de apoyo y escoltas en los casos que los niños y las niñas necesiten ir a la escuela con una persona que no sean sus padres y sus madres, porque pudiesen estar en peligro ante una posible intervención”, sostuvo.
Otra de las acciones anunciadas fue el llamado “voceteo”. Irán con guaguas de sonido por las comunidades para orientar a las comunidades.
“Estamos muy pendientes dándole seguimiento a las políticas que está asumiendo el Gobierno de Puerto Rico, y específicamente en el área de educación, porque nuestra Constitución, al contrario de otras, la nuestra reconoce el derecho fundamental de toda nuestra niñez a recibir educación pública”, reiteró.
“Entonces, el que funcionarios del Estado y funcionarios escolares sigan directrices que limitan la posibilidad de que esos niños y niñas puedan recibir la educación pública de una manera segura, pudiese ser una violación de su derecho constitucional. Así que ningún funcionario o funcionaria del Estado debería de acatar órdenes que claramente pongan en riesgo los derechos fundamentales como es el derecho a la educación”, agregó Martínez Orabona.
