La Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Puerto Rico advirtió hoy ante la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes que el Proyecto del Senado 63 (P.S. 63) constituye un grave retroceso en el derecho constitucional de la ciudadanía al acceso a la información pública, eje fundamental de toda democracia participativa.
“Las acciones del gobierno siempre tienen que estar regidas por el principio de máxima divulgación, publicidad y transparencia en la gestión pública”, subrayó la licenciada Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico, al dirigirse a los miembros de la Comisión.
“Cuestionar, indagar, investigar la gestión pública puede ser incómodo para quienes ocupan posiciones públicas, pero esa incomodidad no puede servir de justificación para limitar el derecho a saber”, señaló la directora.
Durante la vista pública, la ACLU de Puerto Rico se opuso a la medida y reiteró que el acceso a la información no es un favor del gobierno, sino un derecho constitucional derivado de la libertad de expresión. Sin transparencia, no puede haber rendición de cuentas ni confianza ciudadana en las instituciones.
El P.S. 63 fue radicado el 2 de enero de 2025 y aprobado sin vistas públicas en el Senado el 14 de octubre, a pesar de los señalamientos y oposición de diversas organizaciones, incluida la ACLU de Puerto Rico. Al aprobarlo, además, el Senado incluyó nuevas enmiendas sin discusión previa. La medida fue inicialmente referida a la Comisión de Gobierno de la Cámara y, de manera repentina, relevada a la Comisión de lo Jurídico el pasado jueves, 6 de noviembre. Dicha comisión citó a vista pública de manera atropellada para este miércoles.
El P.S. 63 propone extender de 10 a 20 días laborables el término que tienen las agencias para responder solicitudes de información y permitir prórrogas de hasta 40 días. Esta medida, según la ACLU, dilata y obstaculiza la fiscalización pública, afectando la capacidad de periodistas, organizaciones y ciudadanos de investigar y exigir responsabilidad gubernamental.
“Duplicar los plazos y añadir requisitos burocráticos innecesarios convierte el derecho de acceso en un trámite inefectivo. Sin información pública oportuna, la fiscalización se vuelve ilusoria”, expresó, por su parte, la licenciada Lolimar Escudero Rodríguez, abogada de política pública de la organización.
La ACLU de Puerto Rico también alertó que el P.S. 63 impone requisitos técnicos injustificados, como la obligación de notificar solicitudes a funcionarios como jefes de agencias y presidentes legislativos, limita la elección del formato en que se entrega la información y abre la puerta a clasificaciones arbitrarias de confidencialidad. Asimismo, elimina protecciones para los solicitantes, lo que podría disuadir a ciudadanos de ejercer su derecho por temor a represalias.
“Estas enmiendas no fortalecen la transparencia; la debilitan. El Estado no puede usar la falta de recursos administrativos como excusa para restringir derechos constitucionales”, enfatizó la abogada de política pública.
El Proyecto también dispone que los recursos judiciales de acceso a la información deban radicarse exclusivamente en la Región Judicial de San Juan, una medida que limita el acceso a la justicia, especialmente para personas y comunidades fuera del área metropolitana.
La ACLU recordó que, incluso bajo la ley vigente, el acceso efectivo a información pública ya enfrenta obstáculos significativos. En su ponencia, la organización citó el caso reciente ante el Tribunal de Primera Instancia, donde se vio obligada a presentar un mandamus contra la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) tras múltiples solicitudes ignoradas relacionadas al proceso electoral.
“Si hoy, con los términos actuales, hay que recurrir a los tribunales para obtener información pública, extender los plazos y añadir trabas, solo haría más estéril ese proceso”, señaló Escudero Rodríguez. “El derecho a la información no es una formalidad, es un pilar de la democracia. Limitarlo bajo el pretexto de eficiencia administrativa es un retroceso que erosiona la confianza ciudadana”, manifestó la abogada.
La ACLU de Puerto Rico instó a la Cámara de Representantes a rechazar el Proyecto del Senado 63 y a promover una verdadera reforma que fortalezca la transparencia y garantice el derecho del pueblo a saber.
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