La Unión Americana de Libertades Civiles advirtió el martes que una orden del Tribunal Supremo de Estados Unidos, por seis a tres, que pausa una orden judicial temporera en California, permite detenciones sin sospecha razonable por agentes federales.
“La orden de hoy del Tribunal Supremo pone a la gente en grave riesgo…”, dijo Cecillia Wang, directora legal nacional de la ACLU en declaraciones escritas.
“…permitiendo a los agentes federales en el sur de California a atacar a individuos por su raza, cómo hablan, los trabajos que tienen o simplemente por estar en una parada de autobús o en un carwash cuando los agentes de ICE deciden hacer una redada”, añadió.
La organización sostuvo que la determinación suspende fallos de dos tribunales inferiores en el caso Perdomo v. Noem y permite basar detenciones únicamente en factores como aparente raza u origen étnico, acento, ubicación o tipo de trabajo.
Wang afirmó que la decisión “es indignante” al no incluir justificación y adelantó que la Unión Americana de Libertades Civiles continuará los esfuerzos legales para frenar perfilamientos raciales y detenciones sin causa.
En Puerto Rico, el director legal Fermín Arraiza Navas sostuvo que “la orden injustificada de una mayoría del Tribunal Supremo de Estados Unidos no elimina la realidad inconstitucional que describe este tipo de intervenciones y detenciones de parte de agentes del ICE”. Aseguró que toda intervención en la isla basada en los elementos descritos “es ilegal y contraria a los derechos constitucionales, civiles y humanos de las personas”.
Arraiza Navas llamó a la gobernadora Jenniffer González Colón, a las autoridades estatales y municipales, a condenar ese tipo de intervenciones y a defender “de forma contundente” las protecciones constitucionales. “El momento es crítico y urge la defensa masiva de los derechos y protecciones constitucionales”, expresó.
