La Unión Americana de Libertades Civiles de Puerto Rico solicitó el miércoles a la gobernadora Jenniffer González Colón vetar el Proyecto del Senado 63 y el Proyecto del Senado 504 al sostener que ambas medidas afectan derechos protegidos por la Constitución.
“El acceso a la información pública no es un privilegio ni una concesión del gobierno, es un corolario de la libertad de expresión, de prensa y del derecho del pueblo a participar de los asuntos públicos”, dijo la abogada de Política Pública de la organización, Lolimar Escudero Rodríguez, en declaraciones escritas.
Escudero Rodríguez planteó que el Proyecto del Senado 63 introduce obstáculos adicionales al derecho de acceso a documentos al redefinir conceptos, extender plazos de entrega hasta 20 o 30 días laborables con prórrogas y requerir notificaciones adicionales, lo que, según indicó, podría permitir retrasos y rechazos injustificados. Añadió que la medida refuerza un enfoque restrictivo que limita la fiscalización ciudadana.
La organización reclamó también el veto del Proyecto del Senado 504 al advertir que sus definiciones pueden menoscabar derechos reproductivos y de salud al proponer reconocer al concebido como persona natural sin establecer límites claros sobre el alcance jurídico. “En lugar de elevar la transparencia, lo que hace es reforzar un muro burocrático para proteger al poder de la mirada del pueblo”, añadió Escudero Rodríguez.
El director legal de la organización, Fermín Arraiza Navas, sostuvo que el proyecto abre la puerta a litigios e interpretaciones que podrían impactar el acceso al aborto, técnicas de fertilización in vitro y servicios de salud, además de crear incertidumbre en áreas como el derecho penal, la sucesión hereditaria y seguros. Arraiza Navas subrayó que el Estado debe garantizar la igualdad, la intimidad, la dignidad y la libertad de expresión.
La organización señaló que ambas medidas reflejan una concentración de poder y una restricción de derechos, y exhortó a la ciudadanía, organizaciones comunitarias, profesionales de la salud, gremios periodísticos y sectores académicos a reclamar el ejercicio del veto por parte de la gobernadora.
