La disposición de animales muertos en el vertedero de la empresa EC Waste en Ponce está acumulando preocupaciones de salud pública, seguridad y cumplimiento ambiental entre residentes de la comunidad Punta Diamante y La Cotorra, advirtió este lunes Víctor Alvarado Guzmán, secretario de Asuntos Ambientales del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).
Según advirtió, vecinos cercanos al vertedero ubicado en la carretera PR-500 han identificado y fotografiado a camiones que parecen transportar desechos de animales hacia el lugar, mientras dejan a su paso fluidos biológicos y olores nauseabundos persistentes.
“Residentes cercanos al vertedero identificaron el pasado 4 de diciembre un camión de la empresa R4 Enterprises Corporation mientras derramaba sangre sobre la carretera, durante su trayecto hacia el vertedero”, comentó Alvarado Guzmán. “Este no es un evento aislado y situaciones similares se han repetido en otras ocasiones”.
Según testigos, en este caso el camión provenía del matadero de Yauco, mientras que en otros incidentes se han observado vehículos procedentes de Arecibo y Caguas, los que posiblemente transportan animales muertos de clínicas veterinarias.
Los vecinos también han provisto fotografías en las que se aprecia el estado de los camiones y su rotulación de permisos, lo que ha levantado interrogantes sobre su cumplimiento con los reglamentos vigentes y la fiscalización de las agencias concernidas.
Ante este cuadro, la delegación del PIP en el Senado ya ha pedido que se inicie una investigación exhaustiva sobre el transporte de residuos de animales al vertedero de EC Waste en Ponce y reclamado mediante resolución que la misma sea asumida por la Comisión de Salud y a la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor.
La medida presentada por la senadora María de Lourdes Santiago Negrón y el senador Adrián González Costa ordena que se examine el cumplimiento de las leyes y reglamentos, incluyendo el Reglamento para el Manejo de los Desperdicios Sólidos No Peligrosos del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), así como las disposiciones del Negociado de Transporte y otros Servicios Públicos relacionadas con licencias, condiciones de operación y medidas de seguridad para el transporte de este tipo de residuos.
Asimismo, Alvarado Guzmán adelantó que a nivel municipal “el legislador de Ponce, José Escabí Pérez, radicó una resolución para atender esta situación y exigir respuestas a las agencias concernidas”.
Entretanto, la senadora Santiago Negrón envió una carta a la alcaldesa de Ponce, Marlese Sifre Rodríguez, “poniéndola al tanto de los señalamientos comunitarios y exhortándola a tomar acciones para salvaguardar la salud y seguridad de las comunidades afectadas”, explicó Alvarado.
La resolución del Senado dispone que las comisiones investiguen, entre otros aspectos, las condiciones de los equipos y vehículos utilizados para el transporte de desechos animales, los protocolos de prevención y respuesta a derrames del vertedero, y la fiscalización ejercida por las agencias gubernamentales competentes, con el fin de determinar responsabilidades y recomendar acciones correctivas.
“El deber del Estado de proteger la salud pública y el ambiente exige una intervención oportuna y rigurosa ante situaciones que representan riesgos reales para las comunidades”, finalizó Alvarado Guzmán.
