El nuevo código penal de Cuba entró en vigor esta semana, y activistas y organizaciones defensoras de los derechos humanos advirtieron ayer que podría limitar aún más la libertad de expresión y extinguir protestas en una época de creciente descontento en la isla.
El código, una versión modificada de las regulaciones del país de 1987 que fue aprobada por el gobierno cubano en mayo, tendrá repercusiones para los periodistas, los activistas de derechos humanos, manifestantes, usuarios de redes sociales y personajes de la oposición.
Los cambios ocurren en medio de un hondo descontento en Cuba generado por diversas crisis y en un momento en que el gobierno sigue aplicando sentencias duras a las personas que participaron en las históricas protestas de 2021 en la isla, incluidos menores de edad.
Entre algunos de los cambios hay incrementos en las penas mínimas y en las sentencias de cárcel por cosas como “desórdenes públicos”, “resistencia” y “ultraje a los símbolos nacionales”.
El nuevo código también establece categorías penales para ofensas digitales, y señala que las personas que diseminen cualquier información en línea considerada falsa podrían ser condenadas a hasta dos años de cárcel.
Prohíbe también la recepción y el uso de fondos para “sufragar actividades contra el Estado cubano y su orden constitucional”, medida que grupos defensores de los derechos humanos dicen podría ser utilizada contra periodistas independientes y grupos no gubernamentales. Si se es declarado culpable, ello conllevaría de cuatro a 10 años de prisión.
El gobierno ha dicho que el nuevo código es “moderno” e “inclusivo”, y hace notar que contiene penas más duras contra la violencia de género y la discriminación racial. Luego de su aprobación, Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular de Cuba, dijo en la televisión estatal que el código no pretende reprimir, sino más bien proteger “la paz social y la estabilidad de nuestra nación”.
Denuncian censura
Pero grupos defensores de los derechos humanos, muchos de los cuales carecen de autorización para operar en la isla, plantearon ayer su preocupación por el nuevo código.
“Esto es claramente un intento de proporcionar una ruta jurídica para la represión y la censura, y un intento de las autoridades cubanas de socavar el poco espacio cívico que existe en la isla e impedir la posibilidad de que los cubanos salgan a las calles de nuevo”, señaló Juan Pappier, investigador sénior de derechos humanos para Human Rights Watch en Latinoamérica.
Pappier, junto con un informe de Amnistía Internacional, dijo que el código está “plagado de (lenguaje) excesivamente amplio” que las autoridades cubanas podrían utilizar para castigar con mayor facilidad a la disidencia.
Cuba ha sido objeto de críticas internacionales significativas por el trato que le dio a los manifestantes en las protestas antigubernamentales de julio de 2021.
Un total de 790 participantes en dichas protestas enfrentan juicios por sedición, ataques violentos, desorden público, robo y otros delitos, según las cifras más recientes dadas a conocer en enero por la Fiscalía General de Cuba.
Más de 500 se encuentran cumpliendo sentencias de cárcel, de acuerdo con cifras de la organización opositora Justicia 11J, que aboga por los que están siendo enjuiciados o se encuentran encarcelados con relación a las protestas.
