El despido de 16 trabajadores afiliados al sindicato en la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Cayey provocó una nueva controversia laboral luego de que representantes sindicales denunciaran que la medida constituye una acción ilegal y advirtieran sobre la posibilidad de una huelga general al inicio del próximo semestre académico.
Según denunció el sindicato, la rectora de la UPR en Cayey, Rochellie Martínez Vivas, ordenó el despido de los empleados el pasado miércoles, pese a que recientemente el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico confirmó una determinación que establece que trabajadores bajo contrato adquieren derecho a permanencia luego de dos años continuos en puestos de carácter irregular, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.
De acuerdo con la organización obrera, la decisión judicial emitida el pasado 8 de mayo confirmó un laudo previo del Negociado de Conciliación y Arbitraje del Departamento del Trabajo, fechado el 27 de enero de 2023, en el que se determinó que el despido de un trabajador contratado con siete años de servicio había sido ilegal.
El sindicato aseguró que los 16 empleados despedidos en Cayey acumulaban hasta cinco años de servicio y que, al momento de ser cesanteados, ya habían adquirido estatus de empleados permanentes bajo las disposiciones del convenio colectivo vigente.
La organización calificó la medida como una acción “ilegal e inmoral” y sostuvo que se trata de un acto sin precedentes dentro del sistema universitario público, alegando además que forma parte de un patrón de hostigamiento laboral impulsado por la administración universitaria.
A esto, añadieron que la administración también habría dado instrucciones para reducir cerca de $100 mensuales en el salario de otros empleados que actualmente trabajan bajo horarios y condiciones protegidas por convenio colectivo.
Ante la situación, el sindicato advirtió que las acciones de la administración universitaria, que alegan cuentan con respaldo de la presidencia de la UPR, podrían desembocar en medidas de presión adicionales, incluyendo una huelga general al comienzo del próximo semestre, si no se revocan los despidos y se atienden sus reclamos laborales pendientes.
Hasta el momento, la administración de la UPR no ha emitido una reacción pública sobre las denuncias.
