Decenas de organizaciones ambientales, agrícolas, comunitarias y de justicia social se manifestaron esta semana frente a Plaza Las Américas, en Hato Rey, para denunciar la intención del Senado de Puerto Rico de aprobar una nueva reforma del sistema de permisos que, según alegan, pone en riesgo recursos naturales, terrenos agrícolas y la participación ciudadana.
El reclamo fue impulsado por un amplio frente multisectorial que cuestionó que la medida legislativa avance sin un proceso transparente de consulta pública y advirtió que la propuesta favorecería intereses privados por encima de la protección ambiental y la planificación responsable del territorio.
En un comunicado divulgado tras la protesta, las organizaciones aseguraron que el proyecto sustitutivo “profundiza en un modelo que privilegia los intereses de unos pocos por encima del bienestar colectivo”, en momentos en que Puerto Rico enfrenta retos como la sequía, el aumento en el costo de alimentos, la crisis climática y la vulnerabilidad de comunidades costeras.
Los grupos denunciaron que la medida debilitaría protecciones ambientales al convertirlas en obstáculos para proyectos de desarrollo, lo que podría afectar el acceso al agua, la seguridad alimentaria y la conservación de ecosistemas esenciales.
“Eliminar esta protección puede traer consecuencias irreversibles. El proyecto crea un entramado confuso y peligroso que reduce la capacidad del Estado para establecer nuevas protecciones, fragmenta terrenos agrícolas esenciales para la producción de alimentos y altera conceptos fundamentales para la protección y conservación de la zona marítimo-terrestre”, señalaron.
Asimismo, advirtieron que la propuesta condiciona la protección de recursos naturales a la capacidad económica del gobierno para adquirir o administrar esos terrenos, lo que, según sostienen, podría provocar que espacios protegidos pierdan automáticamente sus salvaguardas.
Las organizaciones también argumentaron que la reforma ignora las lecciones dejadas por eventos recientes como los huracanes Irma y María, los terremotos del sur y otros eventos extremos vinculados al cambio climático.
“Esta reforma no puede analizarse de forma aislada. Forma parte de una serie de medidas que han ido debilitando las herramientas con las que cuenta el pueblo para defender sus tierras, sus costas, sus comunidades y sus derechos”, expusieron.
El grupo hizo un llamado directo al Senado y la Cámara de Representantes para detener la aprobación de la medida y abrir un proceso amplio de participación ciudadana que incluya comunidades, agricultores, científicos, organizaciones ambientales y otros sectores.
Entre las organizaciones que respaldaron la manifestación figuran Sierra Club Puerto Rico, Earthjustice, Kilómetro 0, Organización Boricuá, Sembrando Sentido, Comedores Sociales de Puerto Rico, Ciudadanos del Karso, Proyecto Matria y la Coalición Defiende a Cabo Rojo, entre otras decenas de entidades.
“Puerto Rico merece una política pública que fortalezca la planificación, la adaptación climática y la protección de la naturaleza, no una legislación diseñada para beneficiar a unos pocos a costa del futuro del país”, concluyeron.
