La organización ambiental Sierra Club Puerto Rico advirtió este miércoles que la propuesta legislativa que fusiona los proyectos del Senado 1173 y 1183 agravaría fallas regulatorias existentes, debilitaría controles ambientales y concentraría mayor poder sobre el uso de terrenos en estructuras adscritas al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).
La entidad pidió descartar ambas medidas y no aprobar el sustitutivo que las combina, al asegurar que la propuesta crea un nuevo Código de Planificación y Permisos que representa un retroceso en materia de supervisión pública y protección ambiental.
“Estos dos proyectos no deben fusionarse, deben descartarse. Reconocemos que el sustitutivo incorpora algunos cambios respecto a versiones anteriores, pero el resultado neto es peor que cualquiera de las versiones originales por separado. Lo que se presenta como una reforma administrativa es, en realidad, una reestructuración del sistema de planificación, permisos, evaluación ambiental y uso de terrenos de Puerto Rico”, expresó Hernaliz Vázquez, directora de Sierra Club Puerto Rico.
Según explicó la organización, el sustitutivo conserva elementos controversiales del Proyecto del Senado 1173, como el Registro de Uso, la sustitución de controles preventivos por fiscalización posterior, evaluaciones ambientales basadas en riesgo y mayores facultades delegadas a profesionales privados. A esto se suman aspectos del Proyecto del Senado 1183, entre ellos la reorganización de múltiples leyes vigentes y la concentración de funciones en el DDEC.
Sierra Club sostuvo que el efecto combinado amplía mecanismos de aprobación expedita, fortalece el uso de certificaciones privadas y traslada el peso de la intervención pública desde la prevención hacia la corrección, cuando los proyectos ya se encuentran en ejecución.
Por su parte, el abogado ambiental Pedro Saadé señaló que la reforma no responde a una evaluación independiente sobre cómo fortalecer la capacidad institucional del Estado ni atiende causas estructurales que provocan atrasos en el sistema de permisos.
“La pregunta que Puerto Rico debe hacerse es quién se beneficia de una reducción en la supervisión pública y quién asume las consecuencias cuando un proyecto aprobado de forma expedita afecta el acceso al agua, aumenta la vulnerabilidad energética, desplaza comunidades o genera daños ambientales irreversibles”, sostuvo Saadé.
Aunque reconoció que el sustitutivo incorpora algunas mejoras parciales frente a propuestas anteriores, el abogado advirtió que persiste incertidumbre sobre el impacto práctico de disposiciones relacionadas con la administración y delimitación de zonas costeras.
Sierra Club insistió en que Puerto Rico necesita fortalecer instituciones que garanticen protección ambiental, acceso al agua, resiliencia energética y participación ciudadana efectiva, en lugar de acelerar proyectos a costa de debilitar la planificación territorial.
La organización adelantó que continuará realizando gestiones con legisladores para exigir que ambos proyectos sean descartados y exhortó a la ciudadanía a expresar su rechazo a la medida.
