La Oficina del Contralor de Puerto Rico detectó irregularidades en el manejo de fondos de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE), incluyendo acuerdos de pago usados en contra de la ley por más de medio millón de dólares, pagos por servicios sin contratos escritos y fallas en los controles internos, indica una auditoría divulgada este lunes.
La investigación cubrió el periodo del 1 de julio de 2018 al 31 de diciembre de 2023 y concluyó que, aunque la mayor parte de las transacciones se hicieron conforme a la ley, se identificaron problemas importantes que no pueden obviarse.
Según el informe, uno de los hallazgos principales se vincula al uso de acuerdos de pago, un mecanismo excepcional que permite a las agencias pagar servicios sin tener un contrato previo en ciertas circunstancias.
En lugar de limitarse a situaciones extraordinarias relacionadas con la atención directa de trabajadores lesionados, la CFSE utilizó este mecanismo para cubrir gastos administrativos, como la compra de equipo, manejo de expedientes y certificados de salud para empleados, por un total de $539,523.
La ley que regula estos acuerdos de pago establece que solo deben usarse cuando se trate de necesidades urgentes y excepcionales, ligadas a los servicios médico-hospitalarios de los lesionados.
Sin embargo, la Oficina del Contralor concluyó que los desembolsos examinados no cumplían con ese propósito y debieron tramitarse mediante contratos ordinarios, con las salvaguardas y controles que conllevan.
La gerencia de la CFSE defendió que parte de esos gastos, especialmente los relacionados con equipo médico duradero, beneficiaban directamente a los pacientes y que, históricamente, el reglamento que rige los acuerdos de pago se había interpretado de forma amplia.
También argumentó que el lenguaje de la norma permite más de una lectura y sugirió que se apruebe un reglamento más específico.
A pesar de esta defensa, la Contralora mantuvo el señalamiento y sostuvo que los pagos estaban relacionados principalmente con la operación administrativa de la corporación.
Otro hallazgo importante es el pago de $23,723 por servicios profesionales sin que existieran contratos escritos entre las partes. Estos pagos se vincularon a certificados de salud para empleados y servicios médicos de transportación.
La ausencia de contratos formales, indicó la Oficina del Contralor, impide delimitar claramente las obligaciones de la agencia y de los proveedores, aumenta el riesgo de irregularidades y dificulta justificar adecuadamente esos desembolsos.
La auditoría también detectó que algunos acuerdos de pago se formalizaron sin contar con todas las certificaciones requeridas para comprobar que los proveedores estaban al día con sus obligaciones fiscales y contributivas.
Faltaban, entre otros, documentos del Departamento de Hacienda sobre radicación de planillas y deudas, certificaciones negativas del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME). Sin estas certificaciones, el gobierno pierde herramientas para garantizar que contrata solo con suplidores que cumplen con el fisco y limitar la posibilidad de dejar de cobrar deudas existentes.
El segundo señalamiento grave del informe apunta a la falta de controles presupuestarios adecuados sobre contratos de servicios médicos y profesionales. Los auditores concluyeron que los funcionarios responsables del Área Médica y del Área de Finanzas no tenían mecanismos efectivos para monitorear, en tiempo real, cuánto dinero quedaba disponible en cada contrato.
Como consecuencia, entre mayo de 2019 y noviembre de 2023 se aprobaron 28 acuerdos de pago por alrededor de $1.7 millones para atender obligaciones del Área Médica, en ocasiones cuando los contratos ya habían agotado sus fondos o mientras se tramitaban enmiendas para aumentar los montos.
La gerencia de la CFSE argumentó que su prioridad es garantizar la continuidad de los servicios médicos a los trabajadores lesionados, incluso cuando un contrato llega a su límite económico. No obstante, la Contralora sostuvo que la responsabilidad de vigilar los balances de los contratos y evitar que se sigan prestando servicios sin la debida cobertura presupuestaria recae en la corporación y no en los proveedores.
La falta de controles, advirtió el informe, dificulta evaluar la salud financiera de las operaciones médicas y puede comprometer la estabilidad económica y operacional de la entidad.
El tercer hallazgo se centra en deficiencias en los procesos de preintervención y revisión de facturas. Los auditores encontraron que 69 facturas, por un total de $98,774, fueron procesadas y pagadas sin incluir la certificación de ausencia de interés, un documento obligatorio para garantizar que ningún funcionario o empleado público tiene participación económica en el contrato relacionado con esa factura.
Este requisito forma parte de las salvaguardas anticorrupción que buscan evitar conflictos de interés.
Además, la CFSE no pudo entregar para examen 98 facturas adicionales, que suman $112,927, emitidas entre 2014 y 2023. La falta de estos documentos impidió verificar con precisión la corrección de esos pagos.
La administración de la corporación alegó que parte de la documentación pudo haberse afectado por el paso del huracán María y por cambios en los sistemas utilizados para manejar facturas y archivos, pero la Contralora mantuvo el señalamiento por la ausencia de evidencia.
Ante estos hallazgos, la Oficina del Contralor recomendó a la Junta de Gobierno de la CFSE instruir a la administración para que implemente medidas correctivas.
Entre las acciones sugeridas está gestionar la recuperación de los $539,523 pagados mediante acuerdos de pago que no cumplían con la Ley 98-2009 y de los $23,723 pagados por servicios prestados sin contratos escritos.
También recomendó reforzar la supervisión de la Oficina de Contrataciones, capacitar al personal que maneja procesos contractuales, establecer controles presupuestarios más estrictos sobre los contratos de servicios médicos y profesionales y asegurar el cumplimiento de los requisitos de certificación en las facturas.
La CFSE fue creada para proteger a los trabajadores que sufren accidentes en el empleo y garantizarles tratamiento médico y compensación económica. Durante los años fiscales examinados, generó ingresos superiores a $3,542 millones, realizó desembolsos que sobrepasaron los $2,581 millones y aportó cerca de $189 millones a otras agencias gubernamentales, lo que subraya el peso que tiene su manejo de fondos dentro del sector público.
El informe completo de la auditoría está disponible en la página de la Oficina del Contralor de Puerto Rico.
