El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) designó fiscales especiales para investigar a dos exfuncionarios de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), señalados por el exsecretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Sebastián Negrón Reichard.
La querella alega presunta intervención indebida en procesos gubernamentales, influencia indebida y posibles violaciones a la Ley de Ética Gubernamental.
Los exfuncionarios bajo investigación son Norberto Almodóvar Vélez y Charlene Neuman Rivera. Para atender el caso, el Panel nombró a las fiscales especiales independientes Fabiola Acarón Porrata-Doria e Ileana Agudo Calderón, conforme a las disposiciones de la Ley Núm. 2-1988.
La designación surge tras una investigación preliminar realizada por la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC) del Departamento de Justicia, que concluyó que existe causa suficiente para indagar posibles violaciones al Código Penal y a la Ley de Ética Gubernamental.
En el caso de Almodóvar Vélez, Justicia identificó conducta que podría constituir intervención indebida en las operaciones gubernamentales e influencia indebida, además de infracciones a varias disposiciones de la Ley de Ética Gubernamental. En cuanto a Neuman Rivera, se señaló evidencia que amerita evaluación adicional por posible intervención indebida y violaciones a esa misma ley.
Mientras evaluaba el referido, el Panel recibió una comunicación adicional de Negrón Reichard, acompañada de documentos relacionados con los hechos bajo investigación. Aunque el escrito fue presentado como una querella, el Panel determinó que se trataba de información complementaria vinculada al caso original.
Por ello, los jueces autorizaron que ese material sea incorporado a la pesquisa en curso y evaluado por las fiscales especiales, quienes también podrán tomar declaraciones juradas como parte del proceso.
El Panel concedió a las fiscales un término de 90 días para completar la investigación. Además, las facultó a ampliar el alcance del caso y proceder contra cualquier otro funcionario que pudiera haber incurrido en violaciones de ley.
De encontrar evidencia suficiente, las fiscales podrán presentar cargos criminales ante los tribunales.
