Primero, construyó un terminal de importación de Gas Natural Licuado (GNL) en la bahía de San Juan sin el permiso de la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC) y luego consiguió un permiso provisional.
Ahora, sin completar los trámites pendientes, pretende que el Cuerpo de Ingenieros le autorice dragar el muelle donde opera ese terminal y, de esta forma, legalizar una operación que lleva años creciendo primero y pidiendo permiso después.
La nueva jugada de New Fortress se cristaliza en una solicitud de “permiso de emergencia” ante el Cuerpo de Ingenieros, con la que pide autorización para aumentar el calado frente a los muelles A, B y C de Puerto Nuevo, extender hacia el canal la huella que ocupan sus buques metaneros y, de paso, permitir la entrada de embarcaciones de mayor tamaño.
En lenguaje de ingeniería, la compañía pretende aumentar de 32 a 43 pies de profundidad el bolsillo donde atracan sus barcos y depositar en el océano, a cuatro millas al norte de la Central Palo Seco, las 15 mil yardas cúbicas de sedimentos que se extraigan del lecho marino.
La petición no deja dudas de su ambición: el terminal de New Fortress y sus 1,154 pies de muelle quedarían listos para recibir tanqueros de hasta 174 mil metros cúbicos de GNL, casi seis veces el volumen de los buques que la empresa originalmente declaró a FERC que usaría y muy por encima de los límites que sirvieron de base para las zonas de peligro que la misma FERC aún mantiene bajo revisión.
Para los planes de desalojo en caso de fuga, incendio o explosión, FERC y la compañía utilizaron como modelo un buque de 30 mil metros cúbicos y, en las Zonas de Peligrosidad, incluyeron a las pobladas comunidades de Sabana, Amelia y Vietnam en Guaynabo y Cataño. La primera, tan cercana como a 500 metros del terminal de gas.
Asimismo, los anillos de peligrosidad cubren al Viejo San Juan, el Capitolio, la sección oeste de Puerta de Tierra, el Aeropuerto Fernando Ribas y parte del Distrito de Convenciones en Isla Grande.
Sin descanso
La solicitud al Cuerpo de Ingenieros también deja claro, en blanco y negro, que New Fortress quiere que el muelle opere sin descanso, con un barco entrando a medida que otro termina de descargar. “The berth would be continuously occupied by an LNG carrier, with a new vessel taking its place as each is offloaded”, adelanta sobre su plan.
Incluso, el Cuerpo de Ingenieros reconoce que, con la nueva infraestructura de atraque y los propuestos tanqueros en los muelles, el nuevo terminal invadiría entre 30.1 y 51.6 pies del canal de navegación, en un tramo que hoy comparten otros barcos comerciales y de carga.
Por lo tanto, se anticipa que el aviso genere un nuevo debate sobre qué tipo de puerto se está construyendo en la bahía de la capital y para quién.
De terminal ilegal a permiso de emergencia
El contexto que no aparece en la solicitud de dragado es que el terminal de GNL nació al margen del orden regulatorio que se supone la gobierne.
New Fortress construyó su instalación flotante y terrestre frente a la Central Eléctrica de San Juan sin contar con una autorización previa de la FERC, la entidad federal que supervisa este tipo de infraestructura de gas.
Solo después de que el proyecto se completó e inició su operación, FERC dictaminó que sí tenía jurisdicción sobre el mismo, le ordenó a la empresa radicar una solicitud de permiso retroactiva y le permitió seguir operando con uno temporal, mientras evaluaba lo que, por ley, New Fortress debió presentar antes de hincar el primer pilote.
Aun así, la escala física de su operación tampoco se ha quedado quieta. Lo que comenzó como una instalación de “microcombustibles” en San Juan se ha convertido en un terminal de importación de GNL que opera con barcos más grandes que los propuestos inicialmente y maneja dos embarcaciones a la vez, una como almacén y otra como unidad de entrega.
El punto de inflexión explotó el 20 de marzo de 2025, cuando la compañía recibió en San Juan al Gaslog Singapore, un mega metanero de 155 mil metros cúbicos, cinco veces el volumen representado inicialmente ante las agencias reguladoras.
Este episodio provocó señalamientos contundentes del director de la División de Revisiones e Inspecciones de Instalaciones de GNL de FERC, Andrew Kohout, quien advirtió a New Fortress que su terminal manejaba volúmenes y calados para los que no tenía autorización y para los que no existían planes de seguridad ni estudios de riesgo aprobados.
Desde entonces, cada metro cúbico adicional de gas que entra a la bahía amplía el “radio de impacto” en caso de accidente, un riesgo que New Fortress podría consolidar con este dragado.
“Pero lo que en la jerga jurídica se llama ‘fragmentación’, para New Fortress funciona como estrategia. Por eso reparten la discusión entre agencias, permisos y contratos separados, para evitar que alguien mire el cuadro completo del riesgo”, advirtió el abogado ambiental Pedro Saadé Lloréns.
“Por eso, mientras FERC revisa a destiempo la legalidad del terminal, el Cuerpo de Ingenieros evalúa el dragado, la Guardia Costera mira el tráfico y la Junta de Planificación examina la consistencia costanera”, continuó. “Y en ningún foro se discute integralmente qué significa tener tanqueros de hasta 175 mil metros cúbicos entrando a una bahía rodeada de comunidades densamente pobladas”.
Según subrayó Saadé Lloréns, no existe otro ejemplo dentro de la jurisdicción de los Estados Unidos donde se haya permitido construir y operar un terminal de GNL de este tamaño, sin permiso previo, para luego ir remendando la legalidad a pedazos.
“Y esto solo pasa aquí por el desdén hacia Puerto Rico como territorio y la influencia económica y política de una empresa que se ha vuelto indispensable para sostener un sistema eléctrico en crisis”, sentenció.
Comunidades contra la pared
Mientras tanto, el trámite avanza a un ritmo inusualmente acelerado.
El Cuerpo de Ingenieros emitió el aviso público del dragado el pasado 10 de junio y fijó como fecha límite para comentarios el 24 de junio, por lo que agencias, municipios, organizaciones y residentes tienen menos de dos semanas para revisar los documentos técnicos y reaccionar.
Esto bajo el nuevo andamiaje de “emergencia energética nacional” decretado por el presidente Donald Trump, mediante la Orden Ejecutiva 14156, con la que la Casa Blanca busca acelerar permisos para infraestructura fósil y recortar trámites regulatorios a solo semanas.
Bajo ese paraguas, agencias como el Cuerpo de Ingenieros han comenzado a acelerar los procedimientos para proyectos energéticos y a acortar las ventanas de participación pública, lo que en este caso se traducirá en pocos días para opinar sobre un dragado que redefinirá durante décadas la principal entrada de GNL al país, pese a que el polémico permiso para su operación aún no ha cruzado el escrutinio final.
Bajo el Régimen de La Corrupción PNP/PPD todo es posible…