La Cámara de Representantes aprobó referir a exfuncionarios del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y a una treintena de centros de inspección vehicular al Departamento de Justicia luego de darle paso al primer informe de la investigación legislativa relacionada a irregularidades detectadas en las estaciones y la venta de marbetes fraudulentos.
El representante José Hernández Concepción adelantó que no descarta realizar referidos adicionales y “más específicos” en la medida en que continúe la pesquisa.
“El análisis completado hasta el momento confirma la existencia de un entramado administrativo y operacional que trasciende la mera ineficiencia burocrática para adentrarse en posibles desviaciones en el ejercicio de la función pública”, dijo el representante.
El presente informe parcial no constituye una conclusión definitiva de la investigación, sino una etapa dentro de un proceso más amplio cuyos hallazgos, por su magnitud e implicaciones sobre el interés público, justifican la continuación del trámite legislativo y la adopción inmediata de las medidas correctivas”, continuó.
Entre los casos que serán remitidos figuran querellas contra Arturo Deliz, exdirector de la Oficina de Investigaciones del DTOP; Mary Fuster, exdirectora de la Dirección de Servicios al Conductor (DISCO); y Yabucoa Auto Service, centro vinculado a la exsecretaria del Departamento de la Vivienda, Ciary Pérez Peña.
El reporte parcial de la Resolución de la Cámara 352 -de la Comisión de Transportación e Infraestructura, presidida por Hernández Concepción– expone que los documentos sobre la venta de marbetes sometidos por Yabucoa Auto Service revelaron 412 certificados de inspección irregulares que fueron expedidos utilizando equipo no autorizado por el DTOP.
“La magnitud de los certificados irregulares emitidos, 412 en un período de menos de dos meses, sugiere un patrón sistémico de conducta fraudulenta que trasciende la violación aislada, y que esta Comisión entiende amerita una investigación criminal independiente”, expresa el informe.
El documento señala que el DTOP notificó estos hallazgos en octubre de 2023 por posibles violaciones al Artículo 12.07(e) de la Ley 22 de Vehículos y Tránsito, pero la agencia nunca refirió el caso para la radicación de los cargos correspondientes y la imposición de multas de ser hallados convictos.
También detalla que, posteriormente, personal de Yabucoa Auto Service envió una carta a la agencia en la cual alegaba que la máquina de inspección oficial se había dañado meses antes y no pudieron conseguir reparación. Ante esta situación, indicaron que procedieron a utilizar otro sistema no autorizado para continuar las operaciones.
Sin embargo, junto con la estación ligada a Pérez Peña se refirieron otros 30 centros de inspección por potenciales violaciones a varias disposiciones penales de la Ley 22 que tipifican como delito menos grave. Algunas de ellas están asociadas al fraude en los procesos de inspección vehicular, el uso de personal no autorizado, así como la alteración o manipulación intencional del equipo de inspección.
En cuanto a los exfuncionarios del DTOP, el informe precisa que estos también fueron referidos a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) y a la Oficina del Inspector General (OIG). Los señalamientos contra Deliz y Fuster incluyen el uso indebido de las facultades de sus respectivos cargos, la omisión de deber con pérdida de fondos públicos y acciones que comprometen la imparcialidad e integridad.
A su vez, la comisión legislativa recomendó a la OIG realizar una auditoría sobre el proceso de solicitud de cualificaciones mediante el cual el DTOP seleccionó, entre otras ocho compañías, a Worldwide Environmental Products como el nuevo proveedor de equipos para las estaciones de inspección.
