Una medida que atiende el creciente problema de la proliferación de cerdos salvajes en distintas regiones de la isla, de la autoría del representante Axel Roque Gracia, fue convertido en ley, trascendió el jueves.
La ahora Ley 102-2026, conocida como la Ley para Controlar la Amenaza Porcina a Nuestros Agricultores, establece como política pública facultar al secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) a autorizar, de manera excepcional, la caza de cerdos salvajes a los agricultores afectados por la presencia de estos animales en sus fincas, mediante un permiso especial de caza no deportiva para control poblacional.
Esto conforme al Artículo 16(a) de la Ley Núm. 241-1999, conocida como la Nueva Ley de Vida Silvestre de Puerto Rico. Además, la medida enmienda el Reglamento Núm. 6765, “Para Regir la Conservación y el Manejo de la Vida Silvestre, las Especies Exóticas y la Caza en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, con el propósito de incluir al cerdo salvaje en el Apéndice Núm. 2 de Animales y Plantas Invasoras (Dañinos), en aras de proteger la sostenibilidad alimentaria de la isla.
La ley también faculta al secretario a coordinar con el Departamento de Agricultura (DA) y otras entidades gubernamentales, tanto estatales como federales, el manejo, control y disposición de los ejemplares una vez cazados, así como cualquier otra acción necesaria para la implementación de la medida.
“Se trata de una legislación que protege nuestras cosechas, fortalece la seguridad alimentaria y atiende una situación que por años ha afectado a nuestros agricultores. Aquí estamos priorizando a quienes producen los alimentos que llegan a nuestras mesas y aportan grandemente al desarrollo económico. Hoy les cumplimos con una herramienta adicional para defender su sustento y garantizar la continuidad de sus operaciones”, expresó Roque Gracia.
Según el representante del Distrito 28, la proliferación descontrolada de estos animales ha representado una amenaza real para la producción local de alimentos, impactando siembras, infraestructura agrícola y la capacidad productiva de numerosos agricultores que sostienen gran parte de la cadena alimentaria en Puerto Rico.
