La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) refirió al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental hallazgos sobre irregularidades en compras y desembolsos del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM).
“Cuando se utilizan documentos falsos o se certifican actividades inexistentes para justificar desembolsos, se compromete la confianza pública y se atenta contra la integridad del servicio gubernamental”, expresó el Contralor Auxiliar del Área Legal, Rafael Vázquez, en declaraciones escritas.
El hallazgo principal señala que la Junta de Gobierno del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales tramitó una orden de compra por $1,000 para adquirir alimentos destinados originalmente a una reunión ordinaria pautada para el 23 de febrero de 2023.
La investigación de la OCPR cubrió el período del 17 de febrero al 18 de julio de 2023 y surgió tras una querella relacionada con la tramitación de una compra y su desembolso correspondiente.
Tras cancelarse la reunión, funcionarios hicieron gestiones para justificar el desembolso bajo el argumento de que los alimentos fueron utilizados en un supuesto adiestramiento de propiedad mueble para el Colegio de Contadores Públicos Autorizados.
“Sin embargo, la investigación corroboró que dicho adiestramiento nunca se ofreció. El director ejecutivo del Colegio de Contadores Públicos Autorizados certificó que esa entidad no recibió ni impartió adiestramientos en el CRIM durante la fecha señalada”, apuntó.
Añadió que empleados del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, que aparecían en listas de asistencia, certificaron que no participaron en ningún adiestramiento y que sus firmas fueron requeridas para justificar el pago relacionado con los alimentos.
Como parte del expediente justificante del desembolso, el informe identificó un correo electrónico en el que se solicitó alterar la cuenta presupuestaria utilizada originalmente para la compra, una certificación firmada por un funcionario con información falsa y hojas de asistencia vinculadas a una actividad inexistente.
La auditoría también determinó que la compra se gestionó con una sola cotización, sin cumplir con los requisitos reglamentarios de competencia justa entre suplidores representativos del mercado.
La Oficina de la Contralora concluyó que las situaciones reflejan deficiencias significativas en el cumplimiento de la ley y ausencia de controles internos en los procesos de compra, aprobación y justificación de pagos.
El informe señala que la creación y utilización de documentos falsos, así como la certificación de actividades inexistentes, comprometen la integridad administrativa y podrían constituir infracciones al Código Penal de Puerto Rico.
Ante los hallazgos, se remitió el referido RDIE-1464-5675-26-56 al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental para evaluación y acción correspondiente.
La Oficina de la Contralora recomendó, además, a la Junta de Gobierno del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales considerar el referido administrativo correspondiente y fortalecer de inmediato los procesos de compra, desembolso y supervisión.
