La Oficina de Permisos del Municipio de Salinas impondrá una multa de $14 mil al propietario de una construcción ilegal ubicada a la entrada de la comunidad Las Mareas, adelantó a vecinos la alcaldesa Karilyn Bonilla Colón.
Asimismo, aseguró que está en curso un análisis legal para solicitar al Tribunal la demolición de la estructura, luego de que la propia oficina satélite permitiera que se construyera casi el 80 por ciento de la estructura, sin contar con los permisos requeridos.
Sus acciones responden a una querella vecinal presentada en marzo del pasado año y a la presión sostenida por la comunidad de Las Mareas, al igual que a una resolución investigativa del legislador municipal del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Emilio Nieves Torres, quien colocó el caso en el foco público y político.
“La multa y la posible demolición son pasos importantes, pero aquí también hay que evaluar la inacción de las agencias que permitieron que esto llegara tan lejos”, expresó Nieves Torres. “Dicha inacción envía a la ciudadanía el mensaje equivocado de que pueden construir sin permiso y que luego de varios avisos es que tal vez se considere multar o llevar al Tribunal”.
Desde el 20 de marzo de 2025, cuando se realizó la primera inspección y se respondió a denuncias vecinales, las autoridades documentaron la ausencia total de permisos para la construcción. Ese mismo día se emitió una orden de “Cese y Desista”.
Sin embargo, inspecciones posteriores -incluyendo visitas en septiembre de 2025, enero de 2026 y marzo de 2026- confirmaron que el propietario, Miguel A. Rivera Díaz, continuó la obra en abierta violación de las órdenes emitidas. Incluso se documentó la remoción del rótulo oficial de paralización y la continuación de los trabajos hasta alcanzar una etapa avanzada de construcción.
A pesar de que la Oficina Regional de Permisos del Consorcio CCVS confirmó reiteradamente la ilegalidad de la obra, no impuso multas ni tomó acciones coercitivas efectivas durante ese periodo, lo que permitió que la construcción avanzara casi hasta su finalización.
La Ley 161-2009, conocida como “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, y el Reglamento Conjunto de 2020 de la Junta de Planificación establecen que construir sin permisos conlleva sanciones económicas, incluyendo multas mínimas de $500 por infracción, acumulativas por cada día de incumplimiento, así como penalidades adicionales por conducta contumaz.
De haberse aplicado desde la primera intervención, las multas podrían haber alcanzado cifras mucho más elevadas. No obstante, la falta de acción oportuna plantea cuestionamientos sobre la efectividad de los mecanismos de fiscalización.
“Este caso debe marcar un precedente de que en Salinas no se puede construir al margen de la ley sin consecuencias. Esperamos que las palabras de la alcaldesa se conviertan en acción”, planteó por su parte Víctor Alvarado Guzmán, asesor ambiental del PIP.
Los líderes independentistas han reiterado que darán seguimiento al caso para asegurar “que se cumpla con la ley y que se establezcan responsabilidades, no solo para el infractor, sino también en cuanto a la actuación de las entidades gubernamentales involucradas”.
