La representante por acumulación Tatiana Pérez Ramírez presentó un paquete de seis proyectos de ley dirigido a enfrentar la crisis de vivienda asequible en Puerto Rico y a reforzar la capacidad de los municipios para manejar propiedades en desuso, mejorar su gestión y acceder a herramientas fiscales y de planificación.
El paquete comienza con el P. de la C. 1000, que establece un procedimiento para identificar, investigar y adquirir —o expropiar— propiedades sin dueño registral. La medida busca facilitar la intervención municipal en estorbos públicos y promover la reutilización de estructuras abandonadas. El proyecto ya fue atendido en vista pública por la Comisión de Asuntos Municipales.
Otra de las propuestas, el P. de la C. 1122, ordena al CRIM publicar cada seis meses un inventario digital de propiedades embargadas. Además, declara como política pública que estos inmuebles se destinen prioritariamente a vivienda accesible, social y comunitaria. La medida también está ante la Comisión de Asuntos Municipales.
El P. de la C. 1123 crea la Ley para la Revitalización de Viviendas Abandonadas mediante Créditos y Exenciones Contributivas, que ofrecería incentivos a individuos, cooperativas y organizaciones sin fines de lucro para rehabilitar propiedades certificadas como abandonadas por los municipios y el Departamento de la Vivienda. El proyecto fue referido a la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano.
El paquete incluye además el P. de la C. 1124, que autoriza la transferencia de hasta un 25 por ciento de las propiedades públicas en total desuso a municipios, entidades sin fines de lucro y desarrolladores comunitarios por un dólar, exclusivamente para proyectos de vivienda social y asequible. La medida está bajo evaluación de la Comisión de Gobierno.
En el área fiscal, el P. de la C. 1125 propone una fórmula para distribuir el exceso de recaudos del Gobierno en áreas como salud, energía, educación, preparación ante desastres, reducción de deuda y alivio contributivo para la clase trabajadora. El proyecto será atendido por la Comisión de Hacienda.
Finalmente, el P. de la C. 1127 ordena al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio revisar cada cinco años los planes sectoriales, incorporando indicadores económicos, sociales y ambientales para desarrollar estrategias regionales más sostenibles y alineadas con la realidad municipal. La medida está en la Comisión de Desarrollo Económico.
Las seis propuestas ya fueron referidas a sus comisiones correspondientes para análisis y discusión pública.
