Una decena de organizaciones del sector privado respaldó la derogación de la Ley del Salario Mínimo (Ley 47‑2021) durante el primer día de vistas públicas en la Comisión del Trabajo de la Cámara de Representantes, donde también se registraron posturas en contra de la propuesta.
El Proyecto de la Cámara 1115, presentado por el presidente de la comisión, Roberto López Román, busca devolver a la Asamblea Legislativa la facultad de fijar el salario mínimo en Puerto Rico. Las organizaciones que endosaron la medida argumentaron que la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo —creada por la Ley 47— opera incompleta y sin representatividad.
Mateo Cidre, presidente de la Asociación Hecho en Puerto Rico, señaló que el organismo nunca contó con sus siete miembros y actualmente funciona con tres personas no electas. Añadió que varios nombramientos han vencido o están próximos a vencer, lo que, según dijo, agrava la falta de funcionamiento del comité.
“Independientemente de lo que cada cual piense sobre aumentar o no el salario mínimo, la Comisión creada por la Ley 47 no es un mecanismo adecuado para tomar esas determinaciones”, afirmó Cidre.
La secretaria del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, María del Pilar Vélez, rechazó la eliminación total del organismo. La funcionaria recomendó mantener la Comisión Evaluadora, pero limitar sus funciones a estudios técnicos y eliminar su autoridad para emitir decretos con fuerza normativa. A su juicio, un ente consultivo autónomo es necesario para sustentar decisiones legislativas con análisis económicos rigurosos.
López Román defendió la medida y sostuvo que decisiones de impacto económico deben recaer en funcionarios electos. Legisladores como Héctor Ferrer Santiago y Domingo Torres García cuestionaron la constitucionalidad del proyecto, argumentando que obligaría a futuras Asambleas Legislativas a legislar sobre el salario mínimo.
Entre las organizaciones que endosaron la propuesta figuran MIDA, la Asociación de Comercio al Detal, la Asociación de Restaurantes, la Asociación de Constructores y el Centro Unido de Detallistas. En la audiencia también participaron los representantes Adriana Gutiérrez Colón y Ángel Morey Noble.
