Varias organizaciones de la sociedad civil advirtieron que los aumentos tarifarios propuestos por LUMA y Genera provocarían que miles de clientes se desconecten del sistema eléctrico, lo que generaría pérdidas sustanciales en recaudos y agravaría la crisis energética del país.
Según plantearon en comentarios públicos ante el Negociado de Energía, los incrementos afectarían de forma desproporcionada a personas de bajos y medianos ingresos, así como a quienes cuentan con sistemas solares acogidos a medición neta. El alza podría traducirse en aumentos de hasta $40 mensuales en la factura.
“La propuesta de diseño de la tarifa de LUMA duplicaría el cargo fijo, un aumento sin precedentes que impactaría desproporcionadamente a los clientes de bajo consumo y aceleraría la desconexión de la red”, señalaron las organizaciones Comité Diálogo Ambiental, El Puente, Frente Unido en Defensa del Valle de Lajas, Cambio PR y el Comité Yabucoeño Pro‑Calidad de Vida.
Durante las vistas del caso tarifario, el testigo experto de LUMA reconoció que alrededor de 400 mil clientes de bajo consumo y usuarios con sistemas solares experimentarían aumentos entre 70% y 90% debido al cargo fijo propuesto. Las organizaciones resaltaron que el testigo no pudo identificar precedentes regulatorios que avalaran un aumento similar.
Los grupos también cuestionaron que las propuestas carecen de un análisis económico que considere la realidad del sistema, donde cerca de 4 mil personas instalan sistemas solares cada mes y múltiples comercios ya operan desconectados de la red. Afirmaron que los aumentos agravarían la carga energética de los abonados y ampliarían desigualdades económicas.
Asimismo, señalaron que el sistema eléctrico continúa inestable, con interrupciones en niveles récord, lo que evidencia —según argumentaron— un servicio más caro e ineficiente. “Un aumento tarifario significativo solo aceleraría esta tendencia y reduciría los ingresos recaudados”, indicaron.
Las organizaciones también denunciaron fallas en la medición y facturación de LUMA, incluyendo medidores que no registran consumo adecuadamente, uso de facturación estimada y falta de políticas contables claras. Añadieron que la empresa admitió no facturar miles de cuentas municipales bajo el programa CELI.
Otro señalamiento fue el manejo de fondos federales. Según los comentarios, LUMA utiliza una clasificación interna llamada “matriz de esperanza” para determinar qué proyectos podrían recibir fondos, pese a que no se basa en análisis técnico. Genera, por su parte, incluye proyectos como requerimientos de ingresos aun cuando los considera “altamente financiables”.
Los grupos también alegaron conflictos de interés en ambas operadoras y señalaron que las propuestas tarifarias profundizan la dependencia del gas importado y contradicen la meta legal de 100% energía renovable para 2050.
Ante este panorama, pidieron al Negociado rechazar en su totalidad los aumentos solicitados o, en alternativa, adoptar medidas que reduzcan la carga energética. Entre sus recomendaciones figura un Programa de Pago por Porcentaje de Ingresos, que limitaría la factura según los ingresos del hogar.
El 6 de marzo fue la fecha límite para presentar comentarios públicos sobre las propuestas tarifarias que el Negociado de Energía tiene bajo evaluación.
