Las comisiones de Educación, Arte y Cultura y de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional e Impedimentos del Senado celebraron una vista pública para evaluar los protocolos del Departamento de Educación (DE) en la atención de casos de maltrato, negligencia y ausentismo escolar en el sistema público.
La vista se realizó como parte de la investigación de la Resolución del Senado 425 y contó con la comparecencia de representantes del Departamento de Educación, el Departamento de la Familia, el Departamento de Salud, la Policía de Puerto Rico, el Departamento de la Vivienda, ASSMCA, la Oficina del Procurador del Ciudadano y otras entidades.
Durante la audiencia, la senadora Wandy Soto Tolentino señaló la necesidad de identificar fallas en la comunicación interagencial y en la aplicación de los protocolos existentes, al indicar que, aunque las agencias cuentan con programas y procedimientos, los casos de maltrato continúan ocurriendo. La legisladora solicitó estadísticas detalladas sobre casos identificados, referidos y atendidos.
En representación del DE, la licenciada Saraí Ruiz Maisonet explicó que la agencia cuenta con reglamentos y protocolos vigentes que establecen los deberes del personal docente y no docente, así como los procesos de referido, intervención y seguimiento. Añadió que los casos son atendidos por el Equipo Interdisciplinario de Servicios, compuesto por trabajadores sociales, psicólogos, consejeros y personal de enfermería escolar.
La senadora Brenda Pérez Soto sostuvo que el problema no radica en la ausencia de protocolos, sino en la falta de consecuencias administrativas cuando el personal incumple con los referidos o no completa los procesos establecidos.
Por su parte, Maribel De Jesús, del programa de Trabajo Social del Departamento de Educación, indicó que el personal escolar recibe adiestramientos continuos para identificar situaciones de maltrato y ausentismo. Reconoció, no obstante, que la comunicación entre agencias puede fortalecerse. Explicó que, tras la cuarta ausencia de un estudiante, el caso es referido a trabajo social, que realiza gestiones con la familia y desarrolla un plan de intervención.
Durante la vista también se discutieron los retos asociados al uso de la tecnología y al aumento de casos reportados. De Jesús señaló que, aunque las situaciones de maltrato continúan en aumento, el incremento en los reportes también refleja una mayor visibilidad y denuncia de estos casos.
Representantes del Departamento de Salud, el Departamento de la Familia, ASSMCA y la Policía de Puerto Rico coincidieron en la importancia de reforzar la coordinación interagencial, la capacitación del personal y la prevención temprana. La Policía informó que entre enero y febrero de 2026 se atendieron 23 incidentes de maltrato de menores y que en 2025 se registraron 381 querellas, un aumento respecto al año anterior.
Asimismo, el Departamento de la Vivienda explicó que cuenta con mecanismos para reportar y atender situaciones de riesgo que involucren a menores, mientras que la Oficina del Procurador del Ciudadano expresó preocupación por la falta de seguimiento efectivo entre agencias.
Las comisiones anticiparon que la investigación continuará con el análisis de recursos, estadísticas y recomendaciones para evaluar la efectividad de los protocolos existentes y proponer cambios administrativos o legislativos.
