Para que en ciertos incisos del delito de asesinato se considere como ser humano al concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno, la Cámara de Representantes avaló este martes el Proyecto del Senado 923 con 33 votos a favor.
El líder cameral, Carlos Méndez Núñez explicó que “aquí nosotros estamos hablando del asesinato de una mujer que tiene en su vientre un ser humano debidamente concebido y desarrollándose. De eso es que trata este proyecto. No tiene que ver nada con el aborto”.
La medida recibió el respaldo de la mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) luego de ser descargado en los trabajos de la sesión legislativa, acción que fue criticada por los portavoces de los partidos minoritarios.
Sin embargo, el presidente, Méndez Núñez, defendió el mecanismo de descargue como una herramienta legislativa para hacer cumplir el plan de gobierno de la administración que, según expresó, fue avalado en las elecciones generales del 2024.
“Estamos cumpliendo con el contrato que contrajimos con el pueblo de Puerto Rico de que íbamos a aprobar leyes que fueran para defender la vida y los intereses de los puertorriqueños y las puertorriqueñas que están por nacer”, indicó el líder cameral.
Méndez Núñez explicó que la legislación enmienda el Artículo 92 de la Ley 146-2012 –que estructuró el Código Penal vigente– con el propósito de mantener congruencia con las disposiciones penales y civiles establecidas en la Ley 166-2025, conocida como la Ley Keyshla Madlane, y la Ley 183-2025.
En rechazo al proyecto, la representante Adriana Gutiérrez Colón, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), mencionó las implicaciones jurídicas que se han originado en jurisdicciones de Estados Unidos que aprobaron legislaciones parecidas.
Entre ellas, destacó sobre 400 procesamientos criminales por homicidio y maltrato infantil contra mujeres embarazadas que sufrieron abortos espontáneos o “uso problemático de sustancias controladas durante el embarazo”.
La legisladora aseguró que la práctica del aborto es legal en Puerto Rico de acuerdo con la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso Pueblo v. Duarte, que interpretó la legitimidad del aborto para preservar tanto la vida, como la salud, de las mujeres y personas gestantes.
Gutiérrez Colón señaló que el estado de derecho reconoce, por lo tanto, la salud emocional y mental, pero su posición fue refutada por la portavoz de Proyecto Dignidad, Lisie Burgos Muñiz, quien afirmó que la única excepción médica para la terminación de un embarazo es “para salvar la vida de la madre”.
Sobre los cientos de médicos que expresaron la preocupación de exponerse a procesos judiciales en casos de abortos terapéuticos, Burgos Muñiz sugirió que posibles acciones legales aplicarían únicamente a galenos que practiquen una interrupción voluntaria del embarazo.
“Un médico que respete la profesión, que respete la ética y que haga las cosas conforme establecen las prácticas médicas, no tiene por qué tener miedo de ejercer su práctica. Ahora, si lo hace deliberadamente para causar la muerte de ese bebé, entonces eso es un crimen”, planteó.
Por su parte, la representante Estrella Martínez Soto, del Partido Popular Democrático (PPD), manifestó que la medida contempla lenguaje que “criminaliza a la mujer”, mientras cuestionó la manera en que se aplicará el ordenamiento en los casos de abortos naturales.
“Ya tú no eres una paciente, compañeras y compañeros. Ya a ti te van a catalogar sospechosa de un asesinato. De eso es lo que estamos hablando”, opinó la legisladora al pedir el voto en contra del pleno.
No obstante, tres representantes de la delegación popular votaron a favor de la medida: Reinaldo Figueroa Acevedo, Roberto Rivera Ruiz de Porras y Sol Higgins Cuadrado. La representante Gretchen Hau y Edgardo Feliciano Sánchez, también del PPD, se abstuvieron de la votación.
La pieza legislativa obtuvo 10 votos en contra, que incluyó a los representantes novoprogresistas José Pérez Cordero y Roberto López Román.
