La Asociación de Energía Solar y Almacenamiento de Puerto Rico (SESA, por sus siglas en inglés) advirtió que eliminar la exención del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) a los sistemas solares y de baterías tendría consecuencias severas para cientos de miles de familias y para el desarrollo energético del país.
La organización expresó su oposición a la propuesta incluida en la Reforma Contributiva, que aplicaría un IVU de 11.5 por ciento a la venta y arrendamiento de sistemas solares a partir del 1 de julio de 2026. La advertencia fue presentada durante una vista pública de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA del Senado.
“Cerca de 200 mil hogares en Puerto Rico ya cuentan con sistemas solares con baterías, en su mayoría familias de ingresos bajos, moderados y medios, para quienes la energía solar no es un lujo, sino una herramienta esencial de estabilidad energética”, expresó en declaraciones escritas Javier Rúa Jovet, director de Política Pública de la entidad.
Según la SESA, de aprobarse la medida, el costo de un sistema promedio con placas y batería aumentaría de aproximadamente $30 mil a más de $33,400. En el caso de los arrendamientos, un pago mensual típico de $200 se incrementaría en cerca de $23, lo que representaría más de $5,000 adicionales en un contrato de 20 años.
La entidad también alertó sobre el impacto económico que tendría la eliminación de la exención contributiva en un sector que ha generado más de $6 mil millones en inversión privada, sostiene alrededor de 10 mil empleos directos y aporta cerca de 1,400 megavatios de capacidad instalada al sistema eléctrico.
Rúa Jovet sostuvo que imponer impuestos a la energía solar encarecería el acceso para las familias y provocaría una contracción económica al desalentar nuevas instalaciones, lo que a su vez reduciría recaudos y empleo en la industria.
Además, la asociación señaló que el sector enfrenta presiones adicionales, como la eliminación del crédito contributivo federal para arrendamientos solares a partir de 2027, por lo que la imposición de un IVU local agravaría aún más la situación de asequibilidad para los consumidores.
La organización reiteró su respaldo a una reforma contributiva más justa y progresiva, pero insistió en que esta no debe financiarse a costa de penalizar a las familias que han invertido en energía solar para proteger su seguridad energética y estabilidad económica.
