Una nueva pieza legislativa fue radicada hoy con el propósito de actualizar el Código Penal de Puerto Rico y atender el aumento de los delitos cibernéticos que afectan a ciudadanos, empresas y agencias gubernamentales en la isla.
La medida propone la creación de un nuevo Título VI sobre Delitos Cibernéticos, que incluiría más de 70 artículos dirigidos a tipificar conductas delictivas cometidas mediante el uso de tecnología y sistemas digitales.
La propuesta reconoce que el desarrollo tecnológico ha generado nuevas modalidades criminales que impactan la seguridad, la privacidad y el patrimonio de la población.
La iniciativa surge en respuesta a datos que reflejan la creciente incidencia de estos delitos. Según cifras del FBI, en 2019 se reportaron pérdidas aproximadas de $7.7 millones por crímenes cibernéticos en Puerto Rico, afectando a 839 personas.
Además, la isla figura entre los cinco mercados con mayor incidencia de ciberataques en el Caribe, una región que enfrenta más de 150 millones de ataques anuales. A esto se suman recientes incidentes que han afectado sistemas gubernamentales, incluyendo ataques reportados en diciembre de 2025 contra el Departamento de Educación, la Administración de Seguros de Salud (ASES) y la Corporación del Fondo del Seguro del Estado.
El proyecto de ley contempla seis capítulos principales que abarcan delitos informáticos, delitos sexuales cometidos mediante tecnología, delitos contra la intimidad, la identidad y la persona, así como delitos económicos y colectivos. Entre las conductas que se tipificarían figuran el acceso indebido a sistemas informáticos, sabotaje informático, pornografía infantil, acecho cibernético, extorsión informática o ransomware, venganza pornográfica, usurpación de identidad, estafa informática, clonación de tarjetas y pánico económico o financiero.
La medida también establece protecciones reforzadas cuando los delitos involucren sistemas gubernamentales, sean cometidos por funcionarios públicos o afecten a menores de edad. Las penas propuestas fluctúan entre uno y quince años de reclusión, dependiendo de la gravedad del delito.
La legislación entraría en vigor 180 días después de su aprobación y aplicaría únicamente a conductas cometidas luego de esa fecha. La propuesta fue radicada por el vicepresidente del Senado, Carmelo Ríos Santiago.
