El Senado aprobó de forma unánime el Proyecto del Senado 692, una medida que amplía el derecho de las mujeres en estado de gestación a estar acompañadas por una persona de su elección desde el momento en que llegan a una institución hospitalaria para evaluación o una emergencia, aun cuando no haya comenzado formalmente el trabajo de parto.
La legislación, de la autoría del senador por el Distrito de Arecibo, Héctor González López, enmienda la Ley 156-2006, conocida como la Ley de Acompañamiento durante el Trabajo de Parto, Nacimiento y Posparto, que hasta ahora solo garantizaba ese derecho una vez iniciado el proceso de parto.
Con la aprobación del proyecto, el derecho al acompañamiento se extiende a las etapas de observación o evaluación en salas de emergencia, unidades de triage y salas gineco-obstétricas, cerrando un vacío legal que, según el legislador, obligaba a muchas mujeres a enfrentar momentos críticos en soledad.
“Con la aprobación de esta medida, estamos garantizando que ninguna mujer tenga que enfrentar el miedo y la ansiedad de una complicación obstétrica sola”, expresó González López. “Buscamos promover un entorno de salud empático y respetuoso, reconociendo que el apoyo emocional es vital tanto para la madre como para la salud del feto desde el primer minuto que pisan un hospital por una situación de emergencia”, añadió.
El senador explicó que, bajo la ley vigente, una mujer embarazada que acude a una sala de emergencias por dolor intenso o disminución en el movimiento fetal puede ser colocada en observación sin un acompañante, ya que no ha iniciado el trabajo de parto. Esta situación, indicó, puede prolongarse por varias horas mientras se toman decisiones médicas cruciales.
Con el P. del S. 692, la mujer tendría derecho legal a estar acompañada durante todo el proceso de evaluación, lo que facilita la comunicación con el personal médico, reduce el estrés y garantiza continuidad en el apoyo emocional si la evaluación culmina en hospitalización o adelanto del parto.
La medida contó con el aval del Departamento de Salud, la Administración de Servicios Médicos, la Oficina del Procurador del Paciente, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, la Asociación de Hospitales y la Asociación Médica de Puerto Rico.
Además, el proyecto ordena al Departamento de Salud establecer un protocolo uniforme en un término de 120 días para asegurar que todas las instituciones hospitalarias, públicas y privadas, apliquen de forma consistente este derecho de acompañamiento.
