Un total de 19 cargos criminales fueron radicados hoy contra la dueña y operadora del hogar clandestino Manos de Dios, por presuntos actos de fraude, negligencia, maltrato y explotación financiera contra adultos mayores, informó el Departamento de Justicia.
La imputada fue identificada como Yajaira Jaime Navarro, contra quien la Unidad de Control de Fraude al Medicaid presentó cargos por explotación financiera, apropiación ilegal, negligencia, maltrato, fraude y por operar un establecimiento para el cuidado de personas de edad avanzada sin la licencia correspondiente.
La jueza del Tribunal de Primera Instancia de Carolina, Beatriz Varela Ríos, encontró causa para arresto en todos los cargos y fijó una fianza de $89 mil, la cual fue prestada. La vista preliminar quedó señalada para el 4 de febrero.
Según la investigación, Navarro operó de manera temeraria un hogar para el cuidado de adultos mayores entre finales de 2023 y abril de 2025, poniendo en riesgo la salud y el bienestar de las personas allí ubicadas, a pesar de conocer las consecuencias legales de operar sin la licencia del Departamento de la Familia.
Las autoridades indicaron que el establecimiento funcionó en dos direcciones distintas: en la urbanización Mansiones de Carolina, desde 2023 hasta finales de 2024, y posteriormente en el barrio Saint Just de Trujillo Alto, desde finales de 2024 hasta el 7 de abril de 2025.
Como parte de la investigación, en marzo de 2025 se intervino el hogar tras una orden judicial y se reubicó a una adulta mayor. Posteriormente, el 7 de abril de 2025, un operativo del Departamento de la Familia permitió localizar a otros dos adultos mayores con la asistencia de la Policía. Conforme al protocolo, los adultos fueron evaluados médicamente y se determinó que estuvieron expuestos a un patrón de negligencia que representó un riesgo para su salud e integridad física.
La secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, sostuvo que la protección de los adultos mayores es una prioridad del Departamento y reafirmó que no se tolerarán esquemas ilegales que atenten contra poblaciones vulnerables.
La investigación estuvo a cargo de la fiscal Brenda Rosado Aponte y el agente Ricardo Del Valle Vélez, ambos adscritos a la Unidad de Control de Fraude al Medicaid del Departamento de Justicia.
