“Las contradicciones no surgen por error, sino por conveniencia”.
En los últimos días han emergido dos narrativas claramente opuestas sobre la existencia y el desarrollo de un proyecto más para la creación de un gasoducto en Puerto Rico.
Estas versiones encontradas podrían generar confusión en la ciudadanía, pero de seguro levantan serias dudas sobre la transparencia y coherencia del discurso oficial en torno a la política energética del país.
Por un lado, el periódico El Nuevo Día publicó el artículo titulado En camino un gasoducto de San Juan a Palo Seco de la mano del gobierno federal: “Tomaría menos de tres meses”, en el que se sostiene que agencias del gobierno federal, como el Cuerpo de Ingeniero de los Estados Unidos, estarían colaborando con autoridades puertorriqueñas para desarrollar un gasoducto que conecte las centrales de San Juan y Palo Seco, en Toa Baja.
La nota cita a Iván Báez, portavoz de Genera PR, quien habría confirmado dichas gestiones intergubernamentales como parte de un esfuerzo para expandir la infraestructura de gas fósil -denominado eufemísticamente como “gas natural”- en la isla.
La información publicada no se limita a una mera idea preliminar. Por el contrario, sugiere actividad concreta, coordinación institucional y un posible calendario de ejecución relativamente corto.
Incluso, la versión impresa del diario incluye un mapa que presenta un posible “anillo” costero de tuberías de gas conectando muelles y plantas en San Juan, Toa Baja, Arecibo, Mayagüez, Guayanilla, Peñuelas, Salinas y Guayama, un esquema que recuerda de manera inquietante el proyecto del gasoducto en tres fases promovido por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), dos décadas atrás.
En marcado contraste, un artículo publicado por El Vigía News recoge expresiones de la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, quien negó de forma categórica la existencia de una propuesta federal formal para construir un gasoducto que conecte diferentes puntos del sistema energético del país. La mandataria afirmó que su administración no ha recibido ninguna propuesta oficial y que el gobierno no está construyendo ni evaluando gasoductos en este momento.
La gobernadora fue enfática al plantear que cualquier proyecto de infraestructura energética debe ser presentado formalmente ante el gobierno y reiteró que, al presente, no existe ningún plan sometido, evaluado o considerado por su administración.
El núcleo de la contradicción
Es interesante señalar que la resucitada controversia sobre un gasoducto entre San Juan y Palo Seco -y sus posibles extensiones— no surge de interpretaciones externas, sino de expresiones que emanan del propio aparato gubernamental y sus aliados privados en el sector energético.
Mientras la gobernadora alega en que el proyecto “no es real” y que no existe ninguna propuesta federal ni discusión oficial sobre gasoductos, representantes de Genera PR proyectan una narrativa completamente distinta.
A esta disonancia se suma el rol de Josué Colón Pérez, el controversial “zar de energía” del gobierno y una de las figuras más influyentes en la formulación de la política energética de la administración.
Este último ha hecho expresiones públicas que, lejos de disipar dudas, profundizan la confusión.
En distintos foros ha realzado estudios, evaluaciones, alternativas de infraestructura y expansión del uso del gas fósil como parte de la estrategia energética del país. Aunque no siempre utiliza explícitamente el término “gasoducto”, sus referencias a interconexión entre plantas y opciones de transporte de combustible chocan frontalmente con la negación categórica de la gobernadora.
Tampoco se puede obviar que entre 2009 y 2012, mientras fungía como director de generación de la AEE, Colón Pérez respaldó la construcción del Gasoducto del Sur, propuesto por el gobierno PPD, y el Gasoducto del Sur al Norte, el denominado Vía Verde propuesto por el gobierno del PNP.
Esta contradicción interna resulta especialmente grave si se considera que Genera PR opera plantas del sistema eléctrico bajo contrato con el gobierno, y que Josué Colón funge como el principal arquitecto y enlace de la política energética del aparato gubernamental de González Colón.
La brecha entre lo que afirma la gobernadora, lo que comunica el operador privado y lo que su propio zar de energía sugiere magnifican interrogantes fundamentales: ¿quién define realmente la política energética? ¿Qué información se le está ofreciendo al pueblo? ¿Existen dos discursos paralelos, aunque contradictorios: el político y el técnico?
En conjunto, estas tres figuras encarnan tres narrativas distintas sobre un mismo asunto, evidenciando una fractura que mina la confianza pública y pone en entredicho la coherencia del manejo energético del país. O quizás no…
Confundir, no aclarar
Cabe la posibilidad de que estas contradicciones no sean tales, sino parte de una estrategia deliberada de comunicación destinada a confundir, fragmentar el debate público y moldear una narrativa conveniente, como tantas veces ha ocurrido en este cuatrienio y en anteriores.
Aunque podría argumentarse que una cosa son estudios exploratorios o consultas preliminares y otra muy distinta un proyecto formal sometido para evaluación y ejecución, esa distinción no ha sido explicada con claridad al pueblo.
Por el contrario, la ambigüedad parece funcional, deliberada y efectiva: permite avanzar discusiones técnicas y gestiones intergubernamentales mientras, en el plano político, la gobernadora niega la existencia de un proyecto concreto.
El resultado es un escenario de versiones encontradas, mensajes cuidadosamente disonantes y una ciudadanía obligada a descifrar cuál discurso responde a la realidad.
En ese contexto, la coexistencia de narrativas paralelas podría responder a una estrategia más amplia para diluir responsabilidades y reducir el costo político de un proyecto históricamente impopular.
La posible participación de agencias federales en el desarrollo del gasoducto serviría, entonces, como un amortiguador político, desplazando el foco de la toma de decisiones fuera de La Fortaleza y presentando la iniciativa como una imposición técnica o federal, más que como una política pública impulsada por la gobernadora.
No es casual que proyectos de esta naturaleza hayan enfrentado, de manera consistente, una fuerte oposición de comunidades y sectores ambientales, precisamente por sus impactos sociales, ambientales y territoriales.
Así, más que un error de comunicación o un desacuerdo interno, lo que esto perfila es una construcción narrativa diseñada para normalizar la idea del gasoducto, minimizar resistencias y avanzar el proyecto por etapas, mientras se mantiene una negación política formal.
En ese escenario, la confusión no sería un efecto colateral, sino el objetivo mismo de la estrategia.
Como bien resume esta controversia: “Las versiones paralelas existen para confundir, no para aclarar”.
