La gobernadora, Jenniffer González Colón, convirtió en ley el martes la Resolución Conjunta de la Cámara 193, que le ordena al operador de la red eléctrica LUMA a eliminar los cargos a clientes en casos de sistemas fotovoltaicos (placas solares) de menos de 25 kilovatios de capacidad.
“Esta Resolución Conjunta 5-2026 le impone al Negociado de Energía la responsabilidad de revisar su reglamento para evitar estos cargos de $300 retroactivos y segundo que no se le pasen al resto de los consumidores en sus facturas. El resto de los clientes que no tiene el sistema fotovoltaico menores de 25 kilovatios no tienen que pagar estas conexiones. Le corresponde ahora al Negociado establecer el nuevo reglamento para que el operador, en este caso LUMA, autorice esas conexiones”, dijo la gobernadora, en declaraciones escritas.
La medida que ahora se convierte en la Resolución Conjunta 5-2026 es de la autoría del presidente de la Cámara de Representantes Carlos Méndez y el representante Víctor Parés Otero.
En la Sección 2 de la resolución se establecería que “Una vez aprobada la presente Resolución Conjunta, el Negociado de Energía reanudará los procesos administrativos en los casos consolidados NEPR-MI2019-0009 y CEPR-MI-2018-0008 para llevar a cabo talleres participativos con entidades interesadas, guiados por una firma o entidad reconocida por su alta pericia y sustancial experiencia previa probada en moderación de procesos intensivos y multi-participativos de reglamentación de interconexión”.
Previo a convertirlo en ley, el presidente de LUMA Energy, Juan Saca insistió en que no se eliminara el cobro.
“Reiteramos que eliminar el cargo del estudio de interconexión suplementario, establecido por ley en el 2017 antes de la llegada de LUMA, en zonas con alta penetración de energía renovable en el sistema expone directamente la red eléctrica a condiciones de inestabilidad y limita la capacidad de evaluar de manera responsable la integración de nuevos sistemas de energía distribuida” argumentó Saca.
“Prescindir de estos análisis técnicos incrementa significativamente el riesgo de fluctuaciones de voltaje, fallas operacionales e interrupciones de servicio que pueden afectar a comunidades completas”, continuó.
“Este cargo reconoce la necesidad del pago para los estudios suplementarios que son necesarios para identificar limitaciones en el sistema y definir las mejoras necesarias que permitan integrar generación distribuida de forma segura y ordenada. De otra parte, la pérdida de estos ingresos supone un impacto al presupuesto que pudiera trastocar otros avances que el sistema necesita”, concluyó.
