La organización sin fines de lucro CAMBIO reclamó que, de concretarse la cancelación del contrato de LUMA Energy, el gobierno no avance con una nueva privatización del sistema eléctrico y, en su lugar, impulse un modelo de administración pública renovada para la red energética del país.
El planteamiento surge luego de que la administración de la gobernadora Jenniffer González Colón radicara dos demandas judiciales con el objetivo de declarar nula la extensión del contrato de LUMA aprobada en 2022. Según CAMBIO, ese escenario debe marcar un punto de giro en la política energética de Puerto Rico.
“Sacar a LUMA es algo que todo el pueblo de Puerto Rico exige por el servicio deficiente, los constantes apagones y las alzas insostenibles en el costo de la electricidad”, expresó Ingrid Vila Biaggi, presidenta y cofundadora de CAMBIO. A su juicio, no solo el contrato de LUMA es contrario al interés público, sino también el modelo de privatización del sistema eléctrico.
Vila Biaggi sostuvo que, si en el proceso de transición la Autoridad de Energía Eléctrica retoma el control del sistema, ese debe ser el momento para mantenerlo en manos públicas, bajo una estructura de gobernanza distinta a la que llevó a la corporación a la quiebra. La propuesta contempla una administración profesional independiente, con énfasis en la transformación hacia energía renovable distribuida y almacenamiento.
“El próximo paso no puede ser traer a otro privatizador. En Puerto Rico existen trabajadores y profesionales con la capacidad para operar un sistema eléctrico público que responda a las necesidades del país y a los retos del siglo XXI”, afirmó.
La organización recordó que el país ya atravesó experiencias similares en otros servicios esenciales, como el sistema de acueductos, que regresó a manos públicas tras privatizaciones fallidas. Según CAMBIO, insistir nuevamente en operadores privados repetiría errores del pasado.
Desde hace varios años, CAMBIO y la coalición Queremos Sol han promovido un modelo de gobernanza pública que incluye una junta con representación de clientes residenciales, comunidades impactadas por la infraestructura eléctrica, trabajadores del sistema y sectores técnicos, además de mecanismos formales de participación ciudadana y acceso a información pública.
La propuesta también plantea una reforma al Negociado de Energía y el uso de fondos federales para una instalación masiva de sistemas solares en techos, con prioridad para comunidades vulnerables y de bajos ingresos. De acuerdo con un estudio de modelaje presentado por CAMBIO en 2021, Puerto Rico podría alcanzar un 75 por ciento de energía renovable para 2035 y una tarifa estable de 15 centavos por kilovatio-hora mediante un sistema descentralizado de energía solar y baterías.
“Es una decisión de política pública. Si hay voluntad, el país puede avanzar hacia un sistema energético más resiliente y accesible. Con LUMA, Genera o cualquier otro operador privado, continuaremos en retroceso”, sostuvo Vila Biaggi.
CAMBIO reiteró que la posible cancelación de los contratos actuales debe ser vista como una oportunidad para redefinir el futuro energético de Puerto Rico, priorizando el interés público, la estabilidad del servicio y la transición a fuentes renovables.
