La Junta de Control Fiscal (JCF) aprobó con condiciones el contrato de $4 mil millones entre el Gobierno de Puerto Rico y la empresa New Fortress Energy (NFE) para el suplido de gas natural a las unidades generatrices de San Juan.
Según la determinación, la aprobación está supeditada a que el gobierno revise los Términos del Acuerdo de Peaje para Gas Natural Licuado (LNG Tolling Term Sheet) para aclarar disposiciones contractuales y garantizar un proceso más transparente.
Además, la Junta exigió que el gobierno realice una evaluación “rápida y exhaustiva” del contrato de arrendamiento entre la Autoridad de los Puertos y NFE. El análisis deberá incluir el marco legal vigente y buscar alternativas que permitan un acceso competitivo al puerto de San Juan, el único punto de entrada para el gas natural que abastece las unidades de generación en esa zona.
El organismo señaló que la falta de acceso abierto al terminal, controlado por NFE bajo un acuerdo de exclusividad, limita la competencia y coloca al país en una posición vulnerable ante cualquier interrupción de suministro. La JCF indicó que su aprobación condicional reconoce ese riesgo, luego de que intentos previos de identificar proveedores alternos fracasaran debido al acceso cerrado al puerto.
El contrato revisado incluye varias modificaciones respecto al acuerdo inicial, entre ellas: permitir entregas de terceros cuando NFE no pueda suplir el combustible, reducir los volúmenes mínimos de compra, acortar la duración del contrato y ajustar las obligaciones de “entrega o pago”. Sin embargo, la JCF puntualizó que los problemas relacionados al acceso al terminal portuario permanecen sin resolver.
El ente fiscal también condicionó su visto bueno a que el gobierno determine las sumas que deben reembolsarse al pueblo de Puerto Rico por gastos de diésel relacionados con entregas incumplidas por parte de NFE bajo contratos previos. Además, deberá ejecutar el cobro de los daños liquidados adeudados por la empresa.
En su análisis, la JCF reiteró que la exclusividad de NFE en el puerto de Puerto Nuevo ha creado un escenario de proveedor único para la importación y manejo del gas natural, lo que afecta la confiabilidad del sistema eléctrico y limita la capacidad del gobierno para fomentar procesos competitivos de adquisición de combustible.
El contrato original entre el gobierno y NFE, firmado años atrás, contenía fallas que incluían exclusividades prolongadas, volúmenes de gas que no coincidían con la demanda proyectada, falta de infraestructura obligatoria y una asignación de riesgos que protegía a la empresa incluso en casos de incumplimiento. Aunque la versión revisada corrige varios puntos, la JCF sostiene que persisten asuntos esenciales que deberán atenderse para garantizar operaciones energéticas más seguras y competitivas.
