El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico expresó su rechazo a la aprobación del Proyecto del Senado 63, al afirmar que el proceso legislativo fue “atropellado” y carente de participación democrática tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes.
Según la institución, la medida —aprobada anoche— constituye “una afrenta a la política de rendición de cuentas”, al considerar que limita el derecho de la ciudadanía a acceder a información pública sin obstáculos.
El Colegio sostuvo que el trámite legislativo fue defectuoso desde su origen. Señaló que en el Senado no se celebraron vistas públicas y que, en la Cámara, solo se convocaron algunas organizaciones con un aviso de un día para una única vista, sin tiempo adecuado para evaluar la medida y presentar argumentos de forma sustantiva.
“Tratándose de limitaciones a un derecho fundamental, resulta decepcionante y sospechoso que se apruebe sin permitir una participación amplia de los sectores interesados”, expresó la licenciada Yanira Reyes, primera vicepresidenta del Colegio, quien compareció a la vista cameral junto a la licenciada Vivian Pellicier, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la institución. Añadió que el proceso fue una “vista pro forma” en la que “nos hicieron perder nuestro tiempo y esfuerzo”.
Por su parte, Pellicier resaltó la importancia de evaluar con detenimiento cualquier legislación que pueda impactar derechos constitucionales. “Medidas que inciden en derechos fundamentales merecen especial atención y un análisis riguroso que permita entender y prever efectos adversos en su implementación”, manifestó.
La presidenta del Colegio, licenciada Vivían Godineaux, instó a la gobernadora a ejercer su facultad de veto sobre la medida. “Desde el Colegio de Abogados y Abogadas reiteramos el derecho de todas las personas a acceder a información pública sin reservas ni obstáculos burocráticos y así continuaremos defendiéndolo. Con su veto, la gobernadora tiene en sus manos la perfecta oportunidad para alzarse en favor de las personas fortaleciendo el derecho a información pública”, concluyó.
O sea, qué tal aprobación carece del debido proceso de ley, por lo tanto es nula ab inicio por ser inconstitucional