En busca de evitar la proliferación de construcciones informales en Puerto Rico, la Comisión de Planificación, Permisos, Infraestructura y Urbanismo del Senado, presidida por el senador Héctor González López, celebró una vista pública para evaluar el Proyecto del Senado 744, de la autoría del senador Eliezer Molina.
La medida propone establecer penalidades a las plantas de concreto que suministren material a obras sin los permisos requeridos, como una estrategia para desalentar la construcción ilegal.
Durante la vista, agencias gubernamentales, gremios profesionales y representantes del sector de la construcción coincidieron en respaldar el objetivo del proyecto, pero expresaron preocupaciones sobre su viabilidad y alcance.
Señalaron que las plantas de concreto no cuentan con autoridad legal, recursos ni medios para verificar la validez de los permisos emitidos por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) o los municipios, lo que haría el régimen de penalidades “injusto e inoperante”.
El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y la OGPe advirtieron que la medida les impondría funciones adicionales, ajenas a sus competencias, y que requeriría recursos humanos, tecnológicos y financieros adicionales. Mientras, representantes del sector de la construcción alertaron sobre el potencial impacto económico y el aumento de costos operacionales, además de la posible creación de una burocracia paralela que podría retrasar la reconstrucción e inversión en la isla.
“El objetivo de erradicar la construcción informal es una prioridad ineludible. Reconocemos el fin que persigue el P. del S. 744 y ahora nuestro enfoque es colaborar con el sector público y privado para mejorar la medida legislativa en consenso”, expresó el senador González López, al concluir la vista pública .
El legislador adelantó que la Comisión evaluará los memoriales y comentarios presentados, y convocará próximamente una reunión ejecutiva con la Asociación Puertorriqueña del Concreto (APC) y otras entidades para buscar alternativas conjuntas que fortalezcan la fiscalización y reduzcan las construcciones sin permisos.
