La Cámara de Representantes aprobó este jueves el Proyecto de la Cámara 875, que busca endurecer las penas contra los casinos clandestinos que operan en violación a la Ley de Juegos de Azar, con el fin de frenar la proliferación de salas ilegales y atender los riesgos asociados a la adicción al juego.
La medida, presentada por el representante José Aponte Hernández, obtuvo 47 votos a favor y tres en contra durante los trabajos de la sesión ordinaria.
El legislador explicó que estos establecimientos “no solo representan un riesgo para la salud y el bienestar de nuestro pueblo, sino que también afectan la industria turística de Puerto Rico”.
El proyecto establece una multa fija de $15 mil o una pena de reclusión mínima de un año para los responsables de operar casinos clandestinos.
En caso de reincidencia, las sanciones aumentarán a $25 mil o tres años de cárcel, o ambas a discreción del tribunal.
Aponte Hernández destacó que, a diferencia de las actividades ilegales, los casinos autorizados sí contribuyen al desarrollo económico y aportan ingresos al Gobierno.
“No podemos permitir que estos espacios sin control sigan compitiendo injustamente con los negocios regulados”, afirmó el legislador.
