El proyecto de ley que pretende regular el uso de residencias y muelles sobre terrenos de dominio público en La Parguera será abordado hoy por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos de ese cuerpo, la cual también encabeza.
La discusión se retoma en ese cuerpo legislativo luego de que el pasado 9 de enero -el mismo día de su designación como secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA)- Waldemar Quiles Pérez firmara una orden administrativa que “legaliza” las estructuras construidas sobre la zona marítimo terrestre de La Parguera y archivaba querellas contra José del Carmen Vargas Cortés e Irma Llavona Rivera, suegros de la gobernadora Jenniffer González Colón.
A la pareja se le imputa haber ordenado el corte de mangles y haber rellenado espacio de humedal para construir una terraza que amplió la huella de su residencia playera.
Según establece la convocatoria a medios para la vista pautada para las 9:00 de la mañana en el Salón María Martínez, durante la vista se discutirá cómo resolver la incertidumbre jurídica de las residencias y estructuras existentes en el litoral costero de esta zona del municipio de Lajas y se ponderará el cobro de cánones por el uso de la superficie de terrenos públicos y la zona marítima que ocupan dichas estructuras.
Para ello, se han citado a representantes del DRNA, de la Compañía de Turismo, la Oficina de Gerencia de Permisos, del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio; la Junta de Planificación; el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) y el Colegio de Ingenieros y Agrimensores.
A los primeros dos se les requerirá divulgar un plan detallado y coordinado de mejoras a la Reserva Natural de La Parguera y a la comunidad, que sería financiado con el producto de los cánones de impuestos, añade la convocatoria.
Más sobre la mesa
Este asunto, empero, no será el único que atenderá hoy la comisión que preside Rivera Schatz.
También contempla abordar el Proyecto del Senado 697 o “Ley para el Deslinde Nacional del archipiélago de Puerto Rico”, para “establecer un deslinde científico, técnico y jurídicamente obligatorio de los bienes de dominio público marítimo-terrestre (BDPMT), asegurando así la vida y propiedad de las comunidades costeras y la preservación de ecosistemas sensibles que componen el litoral costero de Puerto Rico”, detalla el aviso circulado a medios.
Según detalla la convocatoria, la medida pretende garantizar “el balance entre el desarrollo económico y la naturaleza, logrando la sana convivencia con el medio ambiente y un desarrollo económico compatible con la conservación del patrimonio del Pueblo de Puerto Rico”.
Este lenguaje, de acuerdo a colectivos comprometidos con la conservación y disfrute colectivo de los recursos naturales del país, es un subterfugio históricamente empleado por legisladores para viabilizar proyectos turísticos residenciales de lujo que privatizan los accesos a bienes costeros de dominio público.
Todos sabemos que el proceso es un circo donde los más corruptos de Puerto Rico serán los que “decidan” la legalización de de casas flotantes en La Parguera. Esas casas flotantes se quedarán ya que hay muchos “conocidos” adinerados que aportan a las campañas políticas. O sea, llevan a cabo un proceso pro forma para distraer las gradas y alegar que cumplieron con el debido proceso de ley…