El derecho del pueblo a saber cómo opera el gobierno de Puerto Rico está bajo amenaza.
Así lo advirtieron hoy organizaciones de la sociedad civil, entidades periodísticas, docentes y estudiantes de comunicaciones, al denunciar que las enmiendas propuestas a la Ley de Transparencia por el Proyecto del Senado 63 (PS 63) -por las que se pretende votar hoy en la tarde- suponen un golpe directo a la transparencia, la rendición de cuentas y a la libertad de prensa.
Las entidades coincidieron en que la medida representa un gran retroceso en materia de acceso a la información pública y pisotea el derecho constitucional del pueblo a saber cómo opera su gobierno.
Entre las entidades que expresaron su rechazo al PS 63 están la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO), el Overseas Press Club (OPC ), Sembrando Sentido, Kilómetro Cero, la Comisión Ciudadana para la Auditoría de la Deuda y Ayuda Legal Puerto Rico.
También el Centro de Periodismo Investigativo, Amnistía Internacional, el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), la Federación de Pescadores, María Fund, 9 Millones, Todas, Bonita Radio, la Clínica Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, Firmes, Unidos y Resilientes con la Abogacía (FURIA), el Resiliency Law Center, así como estudiantes y docentes de facultades de comunicaciones del país y representantes de otros medios de comunicación.
Las organizaciones denunciaron que ninguna de las recomendaciones presentadas por más de una decena de grupos de la sociedad civil fue acogida en el texto del PS 63. Por el contrario, las enmiendas empeoran el acceso a la información pública, obstaculizan la fiscalización ciudadana y debilitan el trabajo de la prensa.
“Sin fiscalización, no hay rendición de cuentas. El pueblo se queda sin los derechos democráticos por los que tanto ha luchado. La ASPPRO sistemáticamente ha combatido la imposición de normas para el acceso a la información pública y esta vez, no será diferente. La transparencia es indispensable”, afirmó la presidenta de la ASPPRO, Nydia Bauzá.
Retrocesos graves en transparencia
El PS 63 duplica los plazos de respuesta de las agencias, al extender de 20 a 40 días laborables el tiempo para atender solicitudes de información.
Además, otorga a los jefes de agencia poder de decidir sobre la divulgación de datos, crea nuevas trabas burocráticas que facilitan el rechazo de solicitudes legítimas, y elimina la posibilidad de requerir información en formatos abiertos como Excel o CSV, limitando así la utilización de datos.
De aprobarse el PS 63, también se dificultará que organizaciones comunitarias obtengan la información necesaria sobre las obras, ordenanzas municipales y cualquier dato que les sirva para conocer y reaccionar oportunamente a las propuestas que se anuncian en sus pueblos o regiones.
Asimismo, el proyecto impone barreras adicionales a ciudadanos sin acceso digital y propone sanciones simbólicas que no garantizan una transparencia efectiva.
“Cada gasto público y cada contrato del gobierno tienen un impacto directo en nuestras comunidades y en nuestra gente. Debemos aspirar a conocer la información de cómo funciona el gobierno de forma oportuna. La transparencia no puede verse como un obstáculo, sino como la base de la democracia y la garantía de que los recursos del país se usen con sentido y justicia”, dijo Issel Masses, directora ejecutiva de la organización Sembrando Sentido.
Por su parte, la periodista Gloria Ruz Kuilán, presidenta del Overseas Press Club, expresó: «No hay democracia plena sin acceso a la información pública. Las enmiendas que pretenden aprobar no corrigen errores. No podemos aceptar que el pueblo y la prensa esperen el doble de tiempo por documentos e información que les pertenecen».
El acceso a la información pública hace posible la participación ciudadana. Sin datos, los ciudadanos no pueden tomar decisiones informadas ni exigir rendición de cuentas, mencionaron las organizaciones.
El licenciado Kevin Rivera, del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR), indicó que: “Debemos preguntarnos cuál es el fin público de restringir el acceso efectivo de la ciudadanía a la información pública en manos del Gobierno, más allá de entorpecer el que se ejerza un derecho constitucional. Qué más se puede buscar, si no esconder, encubrir y ocultarr“.
Debido a que el Senado no realizó vistas públicas sobre la medida legislativa, el CAAPR tuvo la iniciativa de convocar en mayo unas vistas públicas ciudadanas en las que participaron más de una decena de organizaciones, y todas rechazaron el PS 63 y sus ponencias fueron enviadas a todos los senadores.
«Estamos ante un atentado directo contra la transparencia. Un gobierno que teme a la transparencia es un gobierno que teme a su gente. El acceso a la información no es un favor, es un derecho y un pilar de la democracia. Nuestro gremio defiende el derecho del pueblo a saber y a estar cabalmente informado», añadió Ruiz Kuilan.
Ante esto, las entidades hicieron un llamado urgente a los senadores y senadoras, particularmente a los de la delegación del Partido Nuevo Progresista, a rechazar el PS 63 y proteger el derecho constitucional de acceso a la información.
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