Los costos más elevados, menos cubierta a nivel de medicamentos, de servicios médicos y de laboratorios, son el reto principal que enfrentan los servidores públicos al tener que renovar su plan de salud, señaló el Ombudsman de Puerto Rico, Edwin García Feliciano.
A esto se le suma, que lo que se autoriza para parear los costos del plan como aportación patronal del gobierno, son escasamente unos $125 mensuales, denunció el Procurador del Ciudadano.
“Este factor encarece la adquisición de la cubierta de salud por parte del empleado, máxime si su composición familiar es de varias personas, ya que el costo sigue elevándose”, puntualizó.
Aunque existen corporaciones públicas, así como la Legislatura y sus dependencias que cuentan con aportaciones mayores, autorizadas por los Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como la Junta de Supervisión Fiscal, lo cierto es que esa no es la realidad patente en todo el engranaje gubernamental.
“Un empleado público que pueda atender sus asuntos de salud, de una manera adecuada, es un mejor activo para la agencia que corresponda”, indicó.
Por otro lado, enfatizó García Feliciano, bajo el Programa de la Reforma Civil, en donde se reevalúan los planes de clasificación y retribución, no todos los empleados públicos en las agencias en donde se han aprobado los mismos, han recibido un aumento digno y razonable, que pudiera mitigar el impacto económico de los planes médicos.
“Peor aún, no todas las agencias tienen sus planes de clasificación y retribución aprobados. Otras, aun teniéndolos aprobados, han sido cuestionadas por sus empleados, por el monto de sus aumentos y muchas de esas apelaciones se mantienen en un proceso un tanto lento y tardío para evaluar o acceder a ese reclamo”, manifestó.
García Feliciano señaló que a las dificultades del sistema de salud se suman la precariedad de los servicios en muchos hospitales, el poder de las aseguradoras para decidir a quién y cuándo pagar, así como su doble función de ser aseguradoras y dueñas de instalaciones hospitalarias.
También mencionó las condiciones físicas de las estructuras, la escasez de personal, la falta de empatía de algunos trabajadores, la fatiga laboral y los extensos períodos de espera, lo que plantea una seria interrogante sobre la calidad de los servicios médicos que reciben los empleados públicos y privados.
Añadió que la situación se agrava con la falta de médicos, por lo que recordó que en el pasado propuso destinar parte de los recursos de la CFSE como incentivo para reclutar profesionales de la salud y atraer a quienes deseen dedicarse a esa labor.
“Se hace imprescindible el esfuerzo concertado del Ejecutivo, la Legislatura y la Junta de Supervisión Fiscal, para evaluar con mayor sensibilidad y detenimiento este asunto que atenta contra la estabilidad del servicio que se le presta a la ciudadanía. Hay que identificar los recursos económicos necesarios, para aumentar la cantidad que se le aporta a un empleado público, y que este no tenga que estar sujeto o rehén de un solo plan médico”, aseveró el Procurador.
