Tras ser aprobado anoche por la Legislatura Municipal de Adjuntas un cambio de zonificación que pretende redesignar suelos rústicos especialmente protegidos para permitir la expansión de una cantera, el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) se unio hoy a las voces de rechazo.
La medida había sido denunciada por la organización Casa Pueblo y su director ejecutivo, Arturo Massol Deyá.
El MVC expresa que esta decisión altera la categoría de conservación de estos suelos y es un acto que priorizaría intereses comerciales particulares sobre el bienestar colectivo, la seguridad pública y la integridad ambiental y escénica de la “Ciudad del Gigante Dormido”.
Además, advierte que podría ser un acto “ultra-vires” o ilegal de la Asamblea Municipal porque no tienen autoridad legal para cambiar lo dispuesto en el Plan del Carso o Plan de Uso de Terrenos aprobado a nivel nacional.
Según Eva Prados, Coordinadora General del MVC, “la acción tomada por la Asamblea Municipal de Adjuntas quebranta tres pilares fundamentales de la gobernanza que defendemos: la protección ambiental irrenunciable, la seguridad y calidad de vida de la ciudadanía, y la administración pública transparente y participativa”. Por eso, el MVC repudia cualquier manejo que pretenda obviar los debidos procesos de participación ciudadana y de análisis de expertos en ecología, hidrología y otras disciplinas con pericia en estos asuntos.
Prados añadió que “las legislaturas municipales no pueden enmendar los planes estatales y este acto podría ser incompatible con lo dispuesto en el Plan del Carso o el Plan de Uso de Terrenos. Por otro lado, la aprobación apresurada de una enmienda de esta magnitud, sin estudios técnicos robustos que evalúen el impacto hidrológico, geológico y social en la zona, y sin una consulta genuina a la comunidad, constituye una violación a los principios más básicos de la planificación responsable y la democracia participativa”.
La Coordinadora General del MVC advirtió que “ignorar la voces ciudadanas y expertas en estos temas es un acto de soberbia gubernamental inaceptable”.
Por su parte, Alana Feldman, residente de Adjuntas, advirtió que la posible expansión de la cantera podría representar una amenaza directa a la seguridad de los residentes aledaños y de los miles de conductores que transitan diariamente por la PR-10, generaría contaminación acústica y de partículas en el aire, y degradaría la calidad de vida de una comunidad que ya ha expresado su rechazo mayoritario.
Feldman explicó que “los suelos rústicos especialmente protegidos son la columna vertebral de nuestra resiliencia ecológica. Su designación no es caprichosa; responde a la necesidad crítica de preservar acuíferos, proteger la biodiversidad y mitigar el cambio climático”. Feldman señaló que “permitir su destrucción para adelantar una cantera, industria extractiva, es un paso en la dirección incorrecta, que compromete el acceso al agua y destruye irreparablemente el patrimonio natural que pertenece a las generaciones presentes y futuras”.
“El MVC estará atento al desarrollo de este caso y apoyará las gestiones de la comunidad para defender su territorio. Reiteramos que nuestro compromiso es con un modelo de desarrollo económico que sea verdaderamente sustentable, justo y democrático, donde las decisiones se tomen con la gente y para el bien común, no para unos pocos” concluyó diciendo Prados.
