En un proceso apresurado y sin escuchar a la comunidad, la Legislatura Municipal de Adjuntas aprobó anoche el cambio de zonificación de suelos rústicos especialmente protegidos a la categoría industrial especializado para dar paso a la expansión de una cantera.
La Cantera Adjuntas es propiedad de Rafael Vélez Andújar, quien intenta expandir su operación con la adición de 50 cuerdas de terreno, para lo que el cambio de zonificación de suelos es un paso fundamental.
Los ocho legisladores del Partido Popular Democrático (PPD), correligionarios del alcalde José Hiram Soto Rivera -quien se ausentó a la sesión- votaron a favor de la Ordenanza #9, para avalar las enmiendas al Plan de Ordenación Territorial.
Elizabeth Massol, portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), y Oscar Orengo, portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP), votaron en contra. Aunque previo a la sesión ambos le habían expresado a la comunidad que tomarían turnos para manifestar su oposición, no lo hicieron.
El presidente del cuerpo, Rafael Munet Maldonado, rehusó dejar la ordenanza sobre la mesa -como solicitó Orengo- para darles tiempo a los legisladores de leer el voluminoso documento que acababan de recibir y, por el contrario, forzó la votación.
Previamente, Aurielee Díaz Conde, de la Junta de Planificación de Puerto Rico, presentó un escueto resumen de las enmiendas. Esta alegó que solo se está “reconociendo el uso actual” de la cantera, que no se contempla “que se extienda más allá” del perímetro actual y que no existen registros de piezas arqueológicas en la zona, a pesar de que el Instituto de Cultura Puertorriqueña es custodio allí de cientos de tumbas de los compontes.
Díaz Conde intentó defender el proceso de participación ciudadana indicando que se realizaron cuatro vistas públicas. Sin embargo, la gente de la comunidad sostiene que el proceso de notificación fue defectuoso, pues no se enteraron a tiempo de estas. Incluso, la legisladora independentista expresó anoche que no le avisaron sobre la vista final realizada el 13 de agosto.
Estas enmiendas fueron trabajadas por la Junta de Planificación municipal, compuesta por Héctor Morales Martínez, Rebecca Rivera Torres, Luis Lamboy Torres y Emanuel Gómez Vélez.
También participó una Junta de Comunidad que se supone representara al interés público. Sin embargo, de siete integrantes, al menos cinco son empleados municipales. Uno de los integrantes de la Junta de Comunidad que no es empleado municipal es el caficultor Juan Meléndez, dueño de Hacienda Tres Ángeles.
Asistieron a la sesión una veintena de personas que se verán afectadas por este cambio, a quienes el presidente de la Legislatura Municipal les dijo que no podían deponer porque tenían que haber solicitado un turno previamente. Cabe señalar que la comunidad se enteró el martes por la tarde de que este asunto se atendería anoche.
“La Asamblea Municipal actuó como peones del alcalde para aprobar una expansión significativa de la cantera. Protagonizaron un acto de gobernanza bochornoso”, señaló el director ejecutivo de Casa Pueblo, Arturo Massol Deyá, al culminar la sesión.
“Esto va a requerir que se activen los protocolos comunitarios y sociales de defensa territorial porque se ha legalizado la corrupción de una cantera que se ha expandido de manera ilegal en detrimento de la comunidad y los recursos naturales, históricos y culturales. Y esto es inaceptable”, agregó Massol Deyá.
El portavoz de la comunidad, Juan Carlos Negrón Miró, también expresó su molestia y frustración, y advirtió que continuarán la lucha para evitar que se cambie la zonificación de los suelos protegidos y que la cantera extienda su perímetro de operación.
El procedimiento dispone que el Plan de Ordenación Territorial de Adjuntas deberá ser aprobado ahora por la Junta de Planificación y luego pasaría a la firma de la gobernadora Jenniffer González Colón para que entre en vigor.
No obstante, el planificador Pedro M. Cardona Roig, conocido como El Urbanista, opinó que estas enmiendas son improcedentes.
“El plan municipal no tiene la capacidad de enmendar el Plan del Carso o el Plan de Uso de Terrenos. Estos cambios no proceden y son contrarios a derecho por ir en contra de una política de uso de suelo de mayor jerarquía y tiene la consecuencia de comprometer recursos de valor que trascienden la jurisdicción y competencia municipal”, indicó Cardona Roig en sus redes sociales.
