Para eximir a los agricultores del permiso especial requerido para la caza de cerdos salvajes, ante el aumento de estos animales y los riesgos que representan para la agricultura y la salud pública, la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes discutió el Proyecto de la Cámara 641.
El Departamento de Agricultura respaldó la medida al señalar que estas especies han destruido cultivos y ocasionado miles de dólares en pérdidas. Desde 2021, la agencia ha capturado unos 6,500 cerdos asilvestrados en 63 municipios.
“Esta disposición contribuirá significativamente al control de la población de esta especie invasora, cuya presencia desproporcionada ha causado daños considerables a los cultivos, suelos y ecosistemas locales”, expresó el secretario de Agricultura, Josué Rivera.
La Asociación de Agricultores de Puerto Rico expuso que las pérdidas en algunas fincas han alcanzado entre $15 mil y $20 mil, al tiempo que reclamó medidas urgentes. “Las manadas de cerdos salvajes no solo arrasan con los sembradíos de nuestros agricultores, sino que también socavan el arduo trabajo de años y desalientan la permanencia de nuevos agricultores”, sostuvo su directora ejecutiva, Vanessa Piñeiro.
El Departamento de Salud también favoreció la propuesta, pero advirtió sobre los peligros de consumir la carne de estos animales. “Es importante que el mensaje que se lleve es que el consumo de carne de animales asilvestrados no debe llevarse a cabo, porque desconocemos a qué riesgos de salud nos estamos exponiendo”, indicó Mayra Toro, directora de la División de Salud Ambiental.
Por su parte, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales levantó reservas sobre los mecanismos de seguridad para la caza. “Hay que viabilizar que se establezcan mecanismos de seguridad. Aquí hay un factor de seguridad de cómo se van a hacer esas capturas; qué se van a hacer con esas carcasas; qué se van a hacer con esos animales”, planteó Farel Velázquez, secretario auxiliar de Conservación e Investigación del DRNA.
La presidenta de la Comisión, Elinette González Aguayo, adelantó que se recogerán las recomendaciones de agencias estatales y federales antes de introducir enmiendas. “Tenemos que ser cautelosos en el momento de poder actuar para controlar este tipo de situación… No es que me estoy oponiendo al proyecto, pero tenemos que ver unas cosas en términos también de ley y orden”, puntualizó.
