Catorce personas fueron arrestadas en el municipio de Arroyo como parte del operativo federal denominado “Operación Papá Pitufo”, informó el fiscal de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, W. Stephen Muldrow.
La organización criminal, que usaba la imagen del personaje animado como distintivo para identificar su mercancía, es señalada de distribuir cocaína, crack, fentanilo, mezclas con xilazina y marihuana en las inmediaciones del Residencial Isidro Cora, desde el año 2020 hasta el presente.
“Estos arrestos demuestran la determinación de la Fiscalía y de nuestros socios del orden público de hacer rendir cuentas a las empresas criminales que usan la violencia y la intimidación para controlar el territorio de drogas”, expresó Muldrow en conferencia de prensa.
Según la acusación, los acusados operaban puntos de venta en apartamentos del residencial, despachando drogas por ventanas o balcones para evitar ser detectados. La fiscalía también les imputa el uso de violencia, golpizas y hasta latigazos como castigos a miembros y residentes. Documentos judiciales reflejan al menos dos muertes por sobredosis dentro del complejo.
“El Buró Federal de Investigaciones no permitirá que bandas violentas dicten la calidad de vida o apaguen la esperanza de la gente en Puerto Rico y en las Islas Vírgenes de Estados Unidos”, advirtió Devin James Kowalski, agente especial a cargo de la oficina de San Juan del FBI.
Entre los acusados figuran Eduardo Contreras Hernández, alias “Eddie/Paleta/Tipo/Paletita”, identificado además con un cargo de armas de fuego; Juan Carlos Soto Santos, alias “Juanka”; Jeremy Emanuel Rodríguez Cruz, alias “Gordo/Árabe”; Edwin García González, alias “Tabaco”; José Alberto Torres Figueroa, alias “Cholo”; y otras nueve personas.
De resultar convictos por narcotráfico, enfrentan un mínimo de 10 años y hasta cadena perpetua en prisión. Contreras Hernández podría enfrentar de 15 años a cadena perpetua si se le prueba también el cargo de armas. La acusación incluye un decomiso de drogas valorado en $2.85 millones.
La investigación estuvo a cargo del FBI, el Negociado de la Policía de Puerto Rico y el Equipo de Respuesta Especial de Investigaciones de Seguridad Nacional. El caso es procesado por los fiscales Alberto López Rocafort, Teresa Zapata Valladares y Daphne Marie Cordero Guilloty.
La fiscalía recordó que una acusación es solo una alegación y que todos los imputados se presumen inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de duda razonable
