La delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado advirtió el lunes que el mediador entre LUMA Energy y el Gobierno de Puerto Rico sería costeado con fondos públicos, sin que se conozcan su costo, su duración ni si permitirá cancelar el contrato.
“Si se acude a un experto independiente, ese costo saldrá del presupuesto de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas y lo pagará el pueblo”, dijo el senador José Luis Dalmau en conferencia de prensa.
“Josué Colón afirmó que se trata de disputas técnicas y de un posible mal uso de fondos federales, mientras que LUMA insiste en que son solo disputas. La diferencia es importante, pues las que no son técnicas podrían ser resueltas mediante mediación”, añadió.
El portavoz de la delegación, Luis Javier Hernández Ortiz, explicó que el Senado aprobó la Petición de Información número 2025-0101 dirigida al director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas y al “zar de la energía”, Josué Colón, para conocer el alcance del proceso iniciado tras la notificación de disputas cursada en julio bajo el artículo 15 del contrato de operación y mantenimiento de transmisión y distribución.
La portavoz alterna, Marially González Huertas, señaló que el interés de los senadores fue saber si ya se habían iniciado conversaciones para contratar a la persona que fungiría como árbitro y de qué partida saldrían los fondos. Indicó que, según la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, el proceso está detenido porque LUMA presentó un caso ante la jueza Swain sobre los señalamientos del Gobierno de Puerto Rico.
La delegación popular indicó que, al concluir el periodo de treinta días de negociación, el Ejecutivo consideró activar un “Expert Technical Determination Procedure for Technical Disputes”, figura que funcionaría como mediador o árbitro entre el Gobierno y LUMA Energy.
La senadora Ada Álvarez Conde sostuvo que se trata de “otro golpe al bolsillo de la gente”, al plantear que esos costos se transferirían al consumidor y que la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas no identificó una partida específica más allá de que saldría de su presupuesto.
Durante el encuentro se reiteró que el Gobierno no tendría que pagar al experto solo si este resuelve la disputa a favor del propio Gobierno; de lo contrario, paga la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas.
El senador por acumulación Josian Santiago, presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, cuestionó qué ocurriría si la disputa no se resuelve a favor de ninguna de las partes, quién decidiría cómo se cobraría el servicio y cuánto costará el proceso, asuntos que -sostuvo- siguen sin respuesta.
Hernández Ortiz afirmó que la gobernadora Jenniffer Aidyn González Colón “pregonó” haber enviado una cancelación del contrato de LUMA, lo que, dijo, no corresponde a una notificación de cancelación, sino a una notificación de disputas; y planteó que “el País pagará nuevamente de su bolsillo lo que cueste este mediador o árbitro”.
