El Proyecto del Senado 675, que busca prohibir el cobro de swipe fees por el uso de tarjetas de crédito y débito en determinadas transacciones comerciales, afecta desproporcionadamente a las microempresas puertorriqueñas y a las PYMES que no generan los volúmenes de ventas de las grandes cadenas, advirtió este miércoles el Centro Unido de Detallistas (CUD).
Como planteó Ramón Barquín III, presidente del grupo, los altos costos que instituciones bancarias y compañías de tarjetas imponen por procesar estas transacciones pueden “reducir entre un 2.5 a un 4 por ciento el margen de ganancia de un negocio local”, ya que “no tienen la capacidad de negociar tarifas preferenciales, como lo hacen las grandes cadenas”.
“No solo es injusto, es insostenible”, puntualizó.
Asimismo, enfatizó la preocupación generalizada porque “se legisle constantemente para imponer obligaciones al comerciante, sin ofrecer salvaguardas reales frente al poder de negociación desmedido que tienen las redes de procesamiento”.
“La libertad de comercio se protege no solo eliminando obstáculos, sino también asegurando condiciones justas para competir”, expresó Barquín tras recordar que en Puerto Rico, a diferencia de otras jurisdicciones de Estados Unidos, no se permite el surcharging al consumidor como opción de mitigación.
Como alternativa, el presidente del CUD propuso que el proyecto del Senado reconozca la alternativa de ATH Móvil como método válido de pago electrónico, dado su menor costo para el comercio, y que el requisito de “múltiples métodos de pago” aplique a comercios que generen $150 mil o más en ventas anuales, y no $50 mil como se pretende al presente, para así proteger a las microempresas y artesanos.
Asimismo, exhortó a exceptuar a los comercios que actúan como recaudadores del Estado. Entre ellos, centros de inspección y gestorías, alineándose con el Reglamento 8851 del DACO.
“El pequeño comerciante no puede seguir cargando con el peso de un sistema que favorece a los grandes volúmenes”, reiteró Barquín.
“Agradecemos que el Senado y el Gobierno de Puerto Rico atiendan con seriedad esta situación y mantengan apertura al diálogo, reconociendo que es necesaria la intervención legislativa para proteger a los comerciantes que hoy se encuentran en clara desventaja”, sentenció.
