Si el Departamento de la Familia insiste en excluir a los centros privados de cuido prolongado del censo que realiza para contabilizar a la población de adultos mayores en Puerto Rico, privará a miles de personas de ayuda prioritaria ante un desastre.
Específicamente, del “suministro de combustible, alimentos, medicinas, energía eléctrica y otros recursos críticos”, afirmó Jonathan Morales Adorno, presidente de la Federación de Instituciones de Cuido Prolongado (FICPRO).
“La ausencia de datos precisos y actualizados pone en riesgo la seguridad y el bienestar de miles de adultos mayores que dependen de estos servicios esenciales”, puntualizó.
“Ya que hicieron una inversión de recursos humanos, tiempo y dinero, el Departamento de la Familia debe incluir en el censo tanto a los hogares privados, así como las que están bajo la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) para tener un número real”, resumió Morales Adorno.
“Sus vidas también cuentan”, sentenció.
Según publicó El Nuevo Día el pasado 5 de agosto, el censo iniciado solo incluye a hogares licenciados por el Departamento de la Familia y, de acuerdo a la propia agencia, la última vez que se actualizaron estos datos fue en el año 2017, tras el paso del huracán María.
“Si no sabemos con exactitud cuántas instituciones existen, cuántos residentes atienden y dónde están ubicadas, la respuesta en un desastre natural se verá comprometida” insistió el líder de FICPRO, entidad que agrupa a 600 dueños de hogares en el país.
Igualmente, abogó sobre la importancia de declarar el cuidado prolongado como un servicio esencial.
“Debajo de los hospitales estamos nosotros porque los centros de cuido prolongado atendemos a pacientes con ventilador, con úlceras, pacientes encamados, con dificultad de movilidad. Este es nuestro pan de cada día”.
Reclamo a la legislatura
Para atajar este discrimen y formular una solución permanente, Morales Adorno exhortó a la Legislatura de Puerto Rico a aprobar medidas que garanticen la realización de un censo oficial e inclusivo de todas las instituciones de cuido prolongado, así como la designación de estos centros como servicio esencial en la ley, asegurando acceso prioritario a ayudas y recursos durante emergencias.
Igualmente, abogó por la creación de protocolos de coordinación interagencial para atender a la población adulta mayor en situaciones de desastre.
“Nuestras instituciones están altamente preparadas, cumplimos con cada requisito de ley establecido, pero necesitamos que el gobierno también lo esté. No podemos esperar a que llegue la próxima emergencia para lamentar lo que no hicimos a tiempo”, reclamó.
“En nuestras manos y las del gobierno está la responsabilidad de proteger a una de las poblaciones más vulnerables del país”, concluyó.
Dicho en otras palabras, en manos del gobierno está la vida de cientos de ancianos que no cuentan con la capacidad económica suficiente para poder sobrevivir. Le corresponde al pueblo estar muy pendiente a la actuación del gobierno con respecto a esta situación.