El Departamento de Justicia notificó que no encontró causa suficiente para determinar que el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles Pérez, incurriera en conducta delictiva en relación con la Orden Administrativa 2025-001, firmada el 9 de enero.
La pesquisa se originó a raíz de un referido sometido el 14 de enero por el senador por acumulación Luis Javier Hernández Ortiz, quien alegó irregularidades relacionadas con la orden firmada por Quiles Pérez el mismo día que asumió el cargo como secretario del DRNA.
Durante la investigación se evaluaron posibles violaciones a los artículos 254, 262, 263 y 269 del Código Penal de Puerto Rico, relacionados con intervención indebida en operaciones gubernamentales, incumplimiento del deber, negligencia y perjurio. También se consideró el artículo 4.2(b) de la Ley de Ética Gubernamental.
La determinación de Justicia surge tras una investigación preliminar llevada a cabo por la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor (DIPAC) de Justicia. Como resultado, la agencia recomendó a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) que no se designe un Fiscal Especial Independiente para investigar al funcionario.
“Tras un análisis exhaustivo de la prueba recopilada y los fundamentos legales aplicables, concluimos que no existe causa suficiente para creer que el secretario Quiles Pérez incurrió en conducta delictiva en los hechos evaluados”, expresó la fiscal Sonia Martínez Ortiz, directora interina de DIPAC.
La notificación oficial fue enviada este lunes al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, así como a las partes querellante y querellada, cumpliendo con la Ley 2-1988 que rige el funcionamiento de la OPFEI.
La secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, también remitió el informe con los hallazgos de la investigación preliminar.
Tras conocerse la decisión, el senador Hernández Ortiz expresó que la determinación “resulta lamentable” y reiteró que “esta orden administrativa es ilegal” y “benefició a allegados de la Gobernadora y nunca debió firmarse”.
Según el legislador, con esta decisión “se abre una puerta que tendrá efectos lamentables y peligrosos para el País”.
