El Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federal determinó que el gobierno federal no tiene que responder por las pérdidas sufridas por tenedores de bonos subordinados de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA), tras la reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico.
“El gobierno federal no coaccionó a la Junta de Control Fiscal ni la controla como para hacerla responsable de sus decisiones”, resolvió el tribunal, al rechazar la reclamación presentada bajo la Ley Tucker.
Esta disposición permite demandar al gobierno por ciertas acciones que causen daño económico. La información fue publicada por el periodista Robert Slavin en The Bond Buyer.
El pleito fue presentado por bonistas que perdieron aproximadamente un 44 por ciento de su inversión tras la reestructuración avalada por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico en febrero de 2019. El grupo alegaba que la Junta actuó bajo presión del gobierno federal, por lo que reclamaban una compensación.
Según el dictamen, la Ley PROMESA no obliga a la Junta de Control Fiscal a iniciar una reestructuración ni regula directamente a COFINA, por lo que no se puede atribuir la pérdida directamente al gobierno federal.
El Departamento de Justicia federal había solicitado desestimar el caso por falta de jurisdicción, pero el tribunal concluyó que la Ley Tucker seguía siendo un recurso disponible en ausencia de una exclusión clara por parte del Congreso.
Esta decisión confirma la postura del Tribunal Federal de Reclamaciones, que también había rechazado la demanda de los bonistas al no encontrar base suficiente para responsabilizar al gobierno de Estados Unidos por las decisiones de la Junta creada mediante PROMESA.
