New Fortress: un contrato hecho para traicionar al pueblo

El colapso del sistema de generación eléctrica en Puerto Rico no es un accidente ni una tragedia inevitable. Es el resultado de decisiones premeditadas, de contratos amañados y de componendas políticas que favorecieron a intereses privados y traicionaron al pueblo.

Los responsables tienen nombre, rostro y poder: el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares, Pedro Pierluisi Urrutia y ahora, también, el de Jenniffer González Colón.

Fue bajo el mandato de Rosselló Nevárez que se adjudicó el contrato del muelle en la Central San Juan para recibir el gas natural. Detrás de esa decisión estuvieron Omar Marrero Díaz, como director ejecutivo de la Autoridad de Alianzas Público-Privadas (AAPP) y José Ortiz Vázquez, como director ejecutivo de la AEE.

Ambos facilitaron la entrada de New Fortress, una empresa sin experiencia técnica ni capacidad financiera probada, al corazón de nuestro sistema energético.

Luego, en el 2023, cuando se privatizó la operación de las plantas de generación, se consumó el acto final del engaño: se creó Genera PR, una fachada para que New Fortress asumiera el control total de nuestras plantas generadoras. Y otra vez, ahora bajo el gobierno de Pierluisi Urrutia, los cómplices se alinearon: Omar Marrero, ahora presidente de la Junta de Directores de la AAPP y secretario de Estado; Fermín Fontanés Gómez, director ejecutivo de la AAPP; Edison Avilés Deliz, presidente del Negociado de Energía; y Josué Colón Ortiz, director de la AEE, quien incluso dejó por escrito que New Fortress no cumplía con los requisitos mínimos para operar el sistema. ¡Y aun así le dieron el contrato!

Pero lo más escandaloso fue la complicidad de la Legislatura.

La junta de directores de la AAPP aprobó el contrato con el voto unánime de todos sus miembros, incluyendo a los representantes del interés público: Liza Ortiz Camacho, enviada del presidente cameral Rafael “Tatito” Hernández Montañez y Eduardo Ferrer Ríos, delegado del presidente senatorial José Luis Dalmau Santiago.

Ambos tenían el poder de detener el contrato con un solo voto en contra o abstención, pero lo avalaron, porque sus líderes ya habían pactado con Pierluisi Urrutia la aprobación del negocio.

Y mientras todo esto ocurría, ¿dónde estaba González Colón, entonces Comisionada Residente en Washington? ¡Callada! Cómplice en silencio, porque lo sabía todo: las fallas, la improvisación, la falta de capacidad de New Fortress, el peligro para el sistema. Pero no dijo nada, hasta que decidió aspirar a la gobernación.

Entonces, como si el disfraz de candidata fuera más importante que la verdad, empezó a hacer ruidos, a criticar, a simular indignación.

¿Y qué ha hecho ahora como gobernadora? Proteger a New Fortress.

En lugar de cancelar el contrato o buscar soluciones reales para el pueblo, se ha embarcado en renegociaciones que premian con sumas obscenas el incumplimiento, la ineficiencia, el chantaje y el abuso.

Ha continuado el mismo patrón de encubrimiento de la administración anterior. ¡Cambió el rostro, pero no el guion!

Hoy el país sufre más apagones que nunca antes, tarifas más elevadas y una crisis energética que amenaza la estabilidad económica y emocional de nuestras familias. Y mientras tanto, New Fortress sigue acumulando millones por un servicio mediocre, por un contrato hecho a la medida de sus intereses y firmado por políticos que debieron proteger al pueblo, no venderlo.

Puerto Rico no puede seguir gobernado por quienes nos fallaron. La memoria no puede borrarse con promesas nuevas ni con campañas de relaciones públicas. El país merece una auditoría total de estos contratos, justicia para el pueblo y la cancelación inmediata de toda relación con New Fortress/Genera PR.

Ya basta de premiar la mediocridad, de proteger a los abusadores y de seguir burlándose de un pueblo que paga con dolor cada factura eléctrica. ¡La dignidad del pueblo no es negociable!