La deuda del gobierno de Puerto Rico con policías activos y retirados por concepto de tiempo compensatorio alcanza los $132,660,441, revelaron funcionarios durante una vista pública de la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano del Senado. Sin embargo, admitieron desconocer desde cuándo comenzó a acumularse esta obligación.
La información surgió mientras el senador Gregorio Matías Rosario, presidente de la comisión, lideraba el análisis de la Resolución del Senado 81 para fiscalizar el pago de estas deudas. El licenciado José Vázquez Rivera, en representación del Negociado de la Policía, reconoció que no existe un registro claro del origen de la deuda, pues “nunca se han hecho los pagos”, aunque afirmó que sí se han realizado estudios para cuantificar los montos, los cuales fueron avalados por la Junta de Control Fiscal.
De la cifra total, $117.1 millones corresponden a policías activos (7,997 empleados) y $15.5 millones a exservidores. El dato fue ofrecido por la licenciada Omara Arias Nieves, del Departamento de Seguridad Pública (DSP), quien añadió que el pago más reciente de tiempo compensatorio federal sumó apenas $31,192.13. Para atender la deuda estatal, la Junta autorizó $1 millón en el presupuesto del próximo año fiscal, destinado a una evaluación externa.
El senador Matías Rosario reclamó acción inmediata. “Lo que quiero es que esos estudios terminen y se pague. Desde el 2020 con la Junta hemos arrastrado esta deuda. Ya lo hicimos con el retroactivo, que se pagó tras una lucha. Hay que pagarle a nuestra gente”, enfatizó.
Por su parte, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la AAFAF indicaron que la gobernadora ya firmó una resolución que asigna $20 millones para el pago de horas extras, vigentes hasta agosto de 2025. Además, confirmaron la asignación de $1 millón para revisar y validar el tiempo compensatorio acumulado, lo que permitiría iniciar futuras conversaciones para desembolsos adicionales.
En la vista, el Procurador del Ciudadano, Edwin García Feliciano, señaló que en su oficina han documentado querellas con deudas individuales que superan los $50 mil, producto de años sin recibir pagos. “Para el gobierno, sencillamente esa es la norma: no pagar. Se le da algo al policía activo, se acumula lo demás y se espera. Ese es el problema administrativo”, denunció.
Mientras tanto, la licenciada Carmen Guillén González (OGP) y el licenciado Luis Rivera (AAFAF) insistieron en que la administración está dispuesta a continuar colaborando, siempre y cuando se cumplan los requisitos fiscales establecidos por la Junta.
