Aun cuando el director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, Fermín Fontanés, promulgó que el contrato de privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) reduciría los gastos de consultores externos y mejoraría la eficiencia administrativa, la realidad ha sido otra.
Como evidencia hoy la organización CAMBIO, LUMA Energy ha disparado los gastos que costea el pueblo de Puerto Rico para contratar a consultores externos en la operación del sistema eléctrico y para pagar a asesores legales.
Según documentos financieros radicados por LUMA ante el Negociado de Energía, en el año fiscal 2022 LUMA gastó $103.5 millones en consultores y servicios legales, 55 por ciento más de los $67 millones que la AEE gastó durante el año fiscal 2021 en los mismos renglones.
Además, constituyen un aumento de 125 por ciento en comparación con los gastos incurridos en el año fiscal 2020, cuando la AEE destinó $46 millones para ambos propósitos. En ambos casos se excluyen los gastos de representación ante el tribunal de quiebras.
“Nos vendieron que la privatización iba a traer conocimiento y experiencia para reducir la dependencia en contratistas, pero vemos todo lo contrario”, puntualizó la ingeniera Ingrid Vila Biaggi, presidenta y cofundadora de CAMBIO. “LUMA contrata consultoría externa y servicios legales por $100 millones adicionales a los $117 millones que ya recibe bajo su contrato de privatización. Claramente se les está pagando por un peritaje que no tienen y que acaban subcontratando, encareciendo el servicio”.
La organización denunció también que hay poca transparencia sobre los contratos firmados por LUMA, porque muchos no se encuentran en la página web de la Oficina del Contralor.
Por ejemplo, aunque LUMA gastó $7.1 millones en servicios legales en el año fiscal 2022, los contratos por servicios legales disponibles en el registro de contratos de la Oficina del Contralor solo totalizan $250 mil para ese año.
“Enviamos una carta a la Contralora para urgirle que le exija a LUMA la radicación de sus contratos y que cumpla con la ley. LUMA está gastando dinero público y el pueblo tiene el derecho de saber quién está recibiendo este dinero y para qué tipo de servicios”, expresó por su parte Cathy Kunkel, gerente del programa de energía de CAMBIO.
Entretanto, solo en los primeros meses de este año fiscal, LUMA ya ha otorgado contratos millonarios a contratistas externos para servicios de gerencia de proyectos y servicios de ingeniería, relacionados con los miles de millones de dólares en fondos de FEMA destinados a la reconstrucción de la red eléctrica.
Entre ellos resalta un contrato de $120 millones por tres años con un solo contratista, TRC Solutions.
“Nos dijeron que una de las razones para traer a LUMA a Puerto Rico era su conocimiento para manejar los fondos federales asignados al sistema eléctrico. Incluso, ahora dicen que sacar a LUMA retrasaría los trabajos con fondos federales. Sin embargo, las contrataciones muestran que LUMA evidentemente no tiene capacidad para manejar fondos federales”, sentenció la ingeniera.
“Además, ¿cómo esto se diferencia de tantos casos de malversación que hemos visto en Puerto Rico en los que el gobierno selecciona empresas sin el peritaje necesario que subcontratan a terceros para realizar el trabajo, aumentando los costos para el país?”, cuestionó.
“Esta información añade a los cuestionamientos que hemos levantado desde el primer día sobre las irregularidades en el proceso de contratación de LUMA y su servicio deficiente y llevan a concluir que este contrato tiene que rescindirse”, subrayó Vila Biaggi.
